No obstante, tanto el Fondo como los demás analistas sostienen que la actual recuperación económica se encuentra sujeta –aún- al riesgo de una crisis financiera sistémica, tanto por el lado de los déficits fiscales como por el lado de la banca privada (lo cual se visibiliza a través de las tasas interbancarias).

Así las cosas, queda claro que la turbulencia persiste, y si deseamos manejarnos prudentemente, debieramos suponer que lo peor está aún por pasar (a fin de tener –si se diera el caso- una estrategia claramente definida frente a ello).

El Financial Times, uno de los más reputados diarios financieros, reclamaba ayer la configuración en la zona Euro de un mecanismo que facilite la salida ordenada de alguno de sus miembros -cualquiera de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España)- en caso sea necesario. Leyendo entre líneas entendemos lo que significa dicha opinión: más temprano que tarde una de las cuestionadas economías buscará mayor flexibilidad en sus cuentas nacionales, dados los proyectos de reformas a los que se enfrentan y los años de austeridad que vienen por delante.

Y mientras que el fondo y otras instituciones reclaman mayor prudencia fiscal, un paquete de reformas labrado con seriedad, una revisión de los sistemas tributarios y laborales que promueva la inversión y la competitividad, así como acciones de reforma en otras variables del complejo algoritmo del crecimiento, algunos países europeos –notablemente España y Grecia- profesan que las reformas emprendidas son suficientes y que ahora es momento de que todos “pongan el hombro”, como si la las cuentas nacionales se tratasen de una actividad deportiva.

Esta visión contemplativa de la realidad financiera global no sólo es propia de algunos países europeos; en Estados Unidos, donde el fanatismo por la expansión monetaria esta tomando ribetes nunca vistos, la realidad contrasta el mensaje gubernamental: los últimos datos sobre productividad marginal de la deuda cruzó recientemente la barrera de la inocuidad, situándose hoy claramente en terreno negativo.

¿Será que hemos llegado al punto donde suponer lo peor tal vez sea insensato?

¿Quiénes buscan enriquecerse? Básicamente, toda persona que actúe buscando mejorar su posición relativa, no frente al resto de individuos, sino vis-à-vis su condición actual; así, nos referimos a cualquier persona que trabaje, sea como profesora de educación cívica o como ejecutivo en una transnacional. Todos ellos, lo admitan o no, buscan enriquecerse, mejorar sus niveles actuales de riqueza de manera que puedan acceder a mejor alimentación, salud, educación, ropa o vivienda.

A quien probablemente quiso denigrar el susodicho analista es al rico, aquél que logró “más de la cuenta”, lo cual es una letanía repetitiva entre progresistas y aquellos que se ufanan de vivir moderadamente, de no necesitar más que un buen café y un buen libro. Sin duda, suena muy poético; empero, dista mucho de cómo actúa el ser humano en la realidad (ellos incluídos).

Esas personas, que denigran al exitoso, ignoran los mecanismos de formación de riqueza (que en resumen, no son otros que atender los deseos de los consumidores –en mejor forma que la competencia- bajo los éstandares de calidad y precio que éstos demanden), así como los beneficios que la sociedad percibe directa e indirectamente de dicho esfuerzo, basado –cuando impera el capitalismo y no el mercantilismo – en trabajo e ingenio, y no en amistades, legados o corruptelas como nuestro analista supone. El éxitoso promedio dista mucho de esa imagen acartonada de gustos superfluos y conocimientos básicos; empero, incluso si así fuese, ese también es su derecho: aquél de vivir la vida como le plazca.

Pero para un grupo de analistas, una vida sin Sartre o un buen asado en familia es una vida vacía, incluso equivocada. Y claro, dicha suposición ruega que les preguntemos ¿Equivocada en base a qué? ¿Es moralmente mejor quién trabaja para leer a Nabokov que aquél que busca poseer un automóvil? Claramente no. Cada persona elige bajo que éstandar considerarse -o no- exitoso. Y si al más pobre en Huancavelica le consultamos si desearía enriquecerse, probablemente diga sí y pregunte cómo.

Dice mucho de una sociedad cómo ésta trata a sus pobres; empero, también habla de ella cómo trata a los exitosos, productivos y emprendedores.

Partiendo por aceptar que un espacio de la libertad de todo individuo es poderse expresar, equivocado o no, al resto nos queda expresarnos claramente y recordárles, a los que usan el terror como medio, que existimos aquellos que deseamos vivir en paz.

Es una verdad de perrogrullo sostener que la realidad puede, finalmente, ser estirada y manipulada a conveniencia del observador. Pero al final, no hay quien niegue que la jauría terrorista inició el ejercicio de la fuerza: matando, destruyendo a diestra y siniestra, sin importar detalles como raza, credo, nivel socio-económico o posición ideológica. Son los terroristas los que abandondaron, en forma primera, el espacio de las soluciones pacíficas y las sustituyeron por soluciones violentas.

Entonces, a los amigos del terror, debemos decirles esto: si la pasividad -frente a una realidad brutal- primó en la era del terrorismo, hoy no sucederá lo mismo. Para cualquier demostración de amistad que ustedes tengan hacia con el terror encontrarán a un grupo de peruanos parados, con las manos blancas pero no tendidas, al frente. Y si lo que se proponen es buscar la impunidad hacia con sus crueles líderes, pues no la encontrarán entre la sociedad civil. Porque se pueden perdonar los errores; pero perdonar esas actuaciones asesinas, que sólo buscaban perpetuar a un genocida en el poder bajo el pretexto de una lucha de clases, jamás. Y lo dicho no es hablar bajo los efectos del odio o la sed de venganza; es hablar con un mínimo de respeto hacia con los que hoy yacen bajo tierra, por culpa de esas acciones criminales, y no pueden defenderse.

A los amigos del terror hay que decirles ¡Basta! ¡Queremos vivir en paz! Si desean cambiar los destinos del pueblo peruano, para eso existe un modelo en el que compiten las diferentes visiones que sobre el desarrollo se pueda tener, modelo al que ustedes han decidido enfrentar violentamente. Secuestrando bajo al terror a toda una nación no van a conseguir extinguir los frutos del carácter individual del ser humano. Y si de verdad quieren ver un cambio en lo profundo del Perú, partan por asumir que por las vías de la violencia no lo van a conseguir. La sociedad peruana, esta vez, no se los va a permitir.

Si no podemos identificar las causas de un evento, difícilmente podremos articular soluciones confiables para el mismo. Rothbard, en su tratado, identifica –a diferencia del consenso general de la actual academia- a la intervención gubernamental en la prolongación de la depresión: debido a una expansión artificial del crédito –y la consiguiente emisión monetaria que la respalda- los empresarios, masivamente, yerran en sus proyecciones comerciales, dando paso a malas inversiones (“malinversiones” en lenguaje de la Escuela Austriaca); de ahí es cuestión de tiempo para que la burbuja exhiba la falta de recursos que soporten las futuras obligaciones, los bancos empiecen a restringir el crédito por temor al no-pago y la economía se contraiga súbitamente hasta el colapso generalizado.

A diferencia de las crisis precedentes a la de 1929, la administración Hoover emprendió programas públicos de obras, incrementó los impuestos, introdujeron la ley Smoot-Hawley (la cual cargaba a más de 20,000 productos con tarifas) y consiguieron convencer a los empresarios en mantener los salarios promedio estables durante la crisis. Lo que había empezado como una recesión pronto se convirtió en un desastre generalizado; en palabras del economista Ohanian de la UCLA “la recesión fue tres veces peor de lo que hubiera sido, gracias a Hoover”.

La hipótesis de Rothbard ha sido corroborada repetidamente; no obstante, y respecto a la actual crisis, reflexionemos en lo siguiente: acabado el arsenal monetario (las tasas ya se encuentran cerca del 0%), sin capacidad de asumir mayores deudas (por el endeudamiento ya contraído, la incapacidad de pago futuro ceteris paribus y la ausencia de prestamistas), y con presiones inflacionarias por doquier, ¿qué solución implementarán los estatistas? Probablemente, matar a las gallinas –léase, subir todo tipo de impuestos; y tal como en 1929, la crisis, que pudo durar el promedio de 16 meses, bien podría durar una década.

El problema central no es, a diferencia de lo que muchos creen, la deuda, sino la capacidad de pago (lo cual podrá sonar parecido, pero es diferente). Un país se puede endeudar –asumiendo los riesgo de ello- si su capacidad futura de pago se lo permite. En principio, los países no deberían contraer deudas en primer lugar, dado que son las futuras generaciones las que están contrayendo esas acreencias sin haber sido consultadas sobre ello; empero, dejando de lado lo teórico, digamos que un país finalmente se endeuda. ¿Cómo pagará la misma?

En primer lugar, tiene que tomar en consideración el crecimiento vegetativo poblacional, con lo cual ya hay un crecimiento del PBI que en términos reales no significa capacidad de pago en absoluto. Luego están los gastos asumidos por el estado, los cuales se podrían en principio reducir, pero –como ya sabemos- es algo utópico plantearlo. Luego están los ingresos; ahí está la clave. ¿En qué se basan los ingresos? El análisis simplista dirá “impuestos!”; no es así. Reflexionemos: ¿Cuál será la reacción de un inversionista frente a una futura alza de impuestos? ¿Invertir más? Por supuesto que no. La mejor forma de conseguir mayores ingresos es permitiéndole al empresariado desarrollar sus ideas y visiones de negocios de la mejor manera posible; esto es, fomentando la productividad, protegiendo sus inversiones, aligerando la carga regulatoria, entre otros.

Los diferentes gobiernos están tratando de reducir los riesgos de no-pago vía cortes en algunos presupuestos e inflación; esto suena muy popular, pero no corta el nudo gordiano. Estados Unidos, para dar un ejemplo, ha aumentado su deuda externa en las últimas dos semanas en US$ 60 Billones (cerca de US$ 3 millones por minuto). El ritmo al que aumenta el problema es, sin duda, espeluznante. Hay que hacer reformas profundas e impopulares, pero efectivas: simplificación tributaria (pocos, planos y bajos impuestos), una reducción importante del estado, flexibilizaciones laborales y regulatorias, y una defensa cerrada de los derechos de propiedad. El resto, lamentablemente, será fútil.

Por otro lado, hay una América Latina que ha optado por la modernidad; y por modernidad entendemos la concepción de una sociedad libre, plural, abierta al cambio y al desarrollo. Chile, Colombia y Perú son, probablemente, los mejores ejemplos de éste movimiento. Al populismo, por supuesto, la existencia de éstos ejemplos no le va nada bien. De ahí que la polarización ideológica este transitando sus horas más importantes.

La primera interrogante sobre la que hago referencia anteriormente, sin duda, es Colombia. La proximidad de sus elecciones -después de la aplastante victoria del continuista Santos en primera vuelta- evoca cierta tranquilidad para quienes apuestan por la modernidad en la región. El populismo, no obstante, no se quedará quieto, y dará batalla a morir. El Bloque Regional de Poder (BRP), el proyecto chavista de sovietizar a los países andinos bajo un mando central, carece de Colombia y Perú; es necesario para ellos que caiga el primero.

Por ello, Perú tiene mucho en juego en las elecciones colombianas. Generalmente, en las batallas entre el populismo y la modernidad, los primeros han ganado por goleada. Sin embargo, el visible desarrollo en el Perú -muy a pesar de lo que algunos analistas opinan- está acrecentando a la clase de propietarios, aquellos que tienen algo que defender frente al estatismo. De ahí que sea hoy, más importante que nunca, profundizar las reformas ausentes que permitan al próximo gobierno consolidar, de una vez y para siempre, la democracia en nuestro país. Espacios de acción como el presente se demuestran en contadas oportunidades. Aún le quedan 13 meses al actual gobierno; podrían coronar con un ejemplo de modernidad.

Europa, desde la postguerra, creció a tasas significativas hasta 1995 (5,5% en el periodo 1950 – 1973 y 2,0% en 1973 – 1995), logrando casi empatar la productividad norteamerica (98% de la productividad norteamericana en 1995); desde entonces, la misma se ha rezagado consistentemente (hoy cerca al 85%). Lo relevante para entender la actual crisis es identificar los componentes de dicha divergencia.

Habría que partir por desagregar las contribuciones al crecimiento de ambas economías. Van Ark y otros (2008), señalan los componentes de la nueva economía que contribuyen a la productividad laboral –léase, todo aquello relacionado a la revolución tecnológica e informática (TIC)- detrás del rezago. Mientras que dicha contribución aporta un 1,1% al crecimiento del PBI europeo (España e Italia en terrenos negativos), en Estados Unidos la misma contribuye en 2,6%.

En paralelo al retraso en TIC, la gran mayoría de países europeos han creado una complicada maraña de protecciones y regulaciones. Desde trabas legales a la implementación de grandes almacenes de menudeo (retail) -a fin de proteger a las pequeñas tiendas y comercios familiares- hasta regulaciones laborales tan complejas y onerosas que terminan fungiendo de barreras a la promoción de nuevas inversiones. Bassanini y otros (2008) calculan que sólo mejorando en un punto las legislaciones de protección laboral, los países europeos podrían mejorar entre 0,32% y 0,37% el crecimiento en la productividad total de factores.

Si tomamos en consideración sólo estas tres variables (rezago en la adopción de TIC; protecciones innecesarias a sectores de baja productividad y absurdas legislaciones laborales) y lo cruzamos con un análisis sectorial, la figura es aún peor. El sector servicios, el más dinámico de toda economía moderna, representa cerca del 72% del PBI europeo, y es justamente en dicho sector donde el retraso frente a su contraparte norteamericana es más notorio (0,5% de crecimiento frente a 1,8% entre 1995 y el 2004). El retraso se origina debido al inadecuado clima de inversión en dicho sector, toda vez que, por la naturaleza del mismo, requiere de un ambiente empresarial flexible y desregulado.

Así las cosas, la reducción de los déficits sin duda ayudará en el corto plazo; sin embargo, no se están atacando las causas estructurales de la competitividad europea, razón por la que les será muy difícil lograr una estabilidad en el mediano plazo.

Que, entre otras perlas, el ahora destituido Juez haya recibido $300,000 del Banco Santander por proveer unas charlas en Nueva York, para luego regresar y archivar una querella penal contra don Emilio Botín –dueño del Santander-, parece no preocuparle a doña Cristina. Empero, lo importante a rescatar en este análisis no es la apasionada defensa por parte de la doña, sino la intromisión de la misma en un tema que le compete, en exclusiva, a España. Y el problema, más grave aún, es que en Latinoamérica este comportamiento se está convirtiendo en práctica común. Ejemplos, lamentablemente, sobran.

Porfirio Lobo, recientemente elegido –con la más alta votación de los últimos cincuenta años- Presidente de Honduras, fue vetado de la reciente cumbre madrileña por una comitiva de tetelemeques latinoamericanos encabezada por don Luis Ignacio Lula, adorado en el viejo continente, y quien tuvo la gentileza –en verdad, hacía con el pueblo hondureño- de amenazar con una defección masiva si don Porfirio asistía. Claro, convenientemente, don Lula no cuestiona las contendidas elecciones iraníes donde su nuevo carnal, Mahmud Ahmadineyad, salió elegido en medio de numerosas denuncias por fraude electoral. ¿Qué cosas no?

Y entre intromisiones dentro de esta nueva pauta diplomática, no podrían faltar las del chocarrero dictador venezolano, quién no pierde pauta cuando de elecciones presidenciales se trata. Los peruanos lo hemos gozado, y bien, en las del 2006; hoy, les toca a los colombianos. “Eso lo debe entender claro, clarito el pueblo de Colombia. Ese señor en verdad es un mafioso”, ha sentenciado –sobre el candidato Juan Manuel Santos- el siempre agitado combatiente del Socialismo al Siglo XXI, ese refrito ideológico que está pulverizando la economía venezolana y envenenando a otros tontos útiles.

Hasta donde recuerdo, la diplomacia es esa antigua práctica que calza las relaciones entre soberanos y las buenas maneras a fin de establecer lazos de amistad y cooperación entre sus pueblos. Hoy, las cosas tienden a la intromisión y la entropía. ¿Cuáles son las causas? ¿Decadencia de las instituciones diplomáticas, intervención en las mismas por parte de los soberanos, o un conflicto ideológico que destruye -a su paso- las fronteras de la prudencia?

“De aquí no se va nadie.

Mientras esta cabeza rota

del Niño de Vallecas exista,

de aquí no se va nadie. Nadie.

Ni el místico ni el suicida.

Antes hay que deshacer este entuerto,

antes hay que resolver este enigma.

Y hay que resolverlo entre todos,

y hay que resolverlo sin cobardía”

León Felipe

Desde la recuperación del orden democrático -en Noviembre del 2000-, la cofradía de la política peruana –la casta política y la prensa que la examina- nos ha venido cediendo la idea de una supuesta relación entre democracia y decencia –o menores niveles de corrupción, como quieran verlo-. Según la versión de la cofradía dominante, todo lo vivido durante la década de los noventa se basó en la corrupción y el totalitarismo de una dupla perversa. Sin duda, la última parte de la década fue corrupta y totalitaria: todos los poderes, sin excepción, estuvieron cercados por el autoritarismo de quienes gobernaban. Empero, la versión de la cofradía se dirigía no sólo a apuntar esa realidad sino también a -por comparación- implantar la noción de que, con la recuperación de la democracia, la corrupción se limitaría.

Pasados diez años de aquella puesta en escena podemos constatar, día a día, que nada ha cambiado. Incluso, según algunas instituciones como BERI, Global Insight, World Economic Forum, y el PRS Group, hemos empeorado (ver Governance Matters 1996-2008 del Banco Mundial).

Frente a esta realidad, la cofradía actúa en pared: grandes escándalos para la portada y el programa nocturno de opinión y políticos muy envalentonados acusando a otros -no menos hábiles- que se defienden con todo tipo sofismas para, al día siguiente, pasar a alguna otra nimiedad política o económica.

¿Existe alguna institución que pueda decir ¡basta ya!¡de aquí no sale nadie!, como en el poema del Niño de Vallecas? ¿En qué momento alguna autoridad se levantará y cercará a toda esta gavilla de criminales para exigirle a la justicia que actúe en consecuencia? Mucho me temo que, al menos con esta generación en vida, nuestra rabia e indignación quedarán para el recuerdo, sin alguien que dictamine.

Hay que replantear este sistema. Y que no venga la progresía con el cuento del hombre nuevo. La corrupción es un tema que trasciende la moralidad de los gobernantes de turno. Frente a una institucionalidad tan pobre como la peruana, los incentivos están dados para que esta práctica se establezca a la mejicana. La única manera de frenar esta marea de corruptelas es reduciendo la capacidad arbitraria y discrecional del estado para disponer de los recursos de los ciudadanos. Hay que establecer, cuanto antes, una nueva relación entre propiedad e incentivos.

En las montañas al sur de Tanzania, uno de los países más pobres del mundo, la empresa estatal Morogoro -construida gracias a un préstamo del banco Mundial- estaba destinada a convertirse en la joya industrial del Océano Índico. Fundada en 1970 con la intención de fabricar hasta cuatro millones de pares de zapatos al año, la empresa nunca logró sobrepasar el 4% de su capacidad instalada; un inadecuado diseño de planta, sumado a la ausencia de materiales apropiados, capital humano no tecnificado e incongruentes sistemas de ventilación en un clima tropical hicieron que el proyecto se desmoronara a finales de los ochentas. La planta y las esperanzas acabaron, finalmente, en 1990.

El ejemplo de Morogoro, por supuesto, no es el único en la historia mundial de la inútil tentativa de reconciliar al estado con el papel de empresario. La Turkiye Taskorumu Kurmu, empresa minera estatal turca, dilapidó entre 1986 y 1990 cerca de us$ 6,4 billones (cerca del 3% del PBI de entonces); en las Filipinas, la baja productividad de la estatal energética National Power Corporation significó us$ 2,4 billones menos de PBI sólo en 1992; en Bangladesh la empresa estatal productora de azúcar utilizaba, en 1992, más del doble del personal necesario para gestionarla, mientras producir una tonelada del producto en cuestión costaba el doble del precio internacional. En el Perú la figura no ha sido muy distinta: entre 1970 y el 2006, las empresas estatales no financieras obtuvieron pérdidas cercanas a los us$ 47,500 millones (valor actual neto).

El problema del Estado-empresario no está –exclusivamente- en la corrupción o en la incompetencia de los gobernantes de turno (aunque es evidente que al disponer de poder discrecional sobre dichos recursos las oportunidades de corrupción se incrementan); el problema real estriba en los perversos incentivos que enfrentan quienes las controlan: por un lado, los gerentes de las empresas públicas buscan maximizar el tamaño de sus firmas -no su eficiencia- y por otro, el estado se ve incentivado a inclinar el terreno de juego a favor de las empresas bajo su control, desvirtuando con ello su necesario papel de garante de la competencia.

Lo recurrente en el Estado-empresario es la masiva subutilización de recursos, inclusive en aquellas aventuras planteadas ex-ante como exitosas (e.g. Codelco y Petrobras); florecen no tanto por su competitividad sino por el acceso privilegiado a algún recurso natural altamente valorado por los mercados.

¿Dejaremos algún día de jugar al estado-empresario en Perú para invertir en reducir la pobreza?

Cabría señalar que el estado, como participación de la economía, solo ha tendido a crecer durante el siglo XX. Un estudio –a partir de una muestra de 14 países industrializados- revela el dramático incremento: hasta la primera guerra mundial, el promedio del gasto público como porcentaje del PBI se situaba alrededor del 8%; hacia 1920 subió a 15,4% y a 18,3% para 1937; de 28,5% en 1960 pasamos a 43.3% en 1980; finaliza la muestra en 1994 con 49%. Gracias a la presente Crisis Financiera Global habremos ya cruzado, seguramente, el umbral del 50%.

Para algunos, el crecimiento del gasto público significa mejoras en la calidad de vida de muchos necesitados; sospecho que el efecto es distinto: no obstante las obstrucciones que plantean los sistemas intervencionistas, los agentes económicos se las arreglan para encontrar oportunidades en los mercados. Si existe una correlación sólida con el crecimiento económico en el largo plazo es aquella que encontramos con mercados libres.

La “ilusión fiscal”, sin duda, socava las tasas de crecimiento, como comprueba el economista Paulo Reis en reciente estudio. El problema no sólo es con el crecimiento del estado, sino –sobre todo- con las groseras maniobras sobre las cuales se financia dicho crecimiento. Bueno fuera que se base en mayor productividad. Intuyo que parte de dicho incremento se basa en la “ilusión monetaria” (no confundir, por favor, con la “ilusión de la moneda” keynesiana), figura a partir de la cual los gobiernos expanden la masa monetaria a tasas suficientemente bajas como para pasar desapercibidos por la población, permitiéndoles a la políticos identificar las pequeñas señales inflacionarias como producto exógeno de la política monetaria –aumento en los commodities, entre otros. Para que tengamos una idea: un dólar de 1913, año de fundación de la Reserva Federal norteamericana –creada con el fin de salvaguardar el valor de la moneda en el tiempo- vale hoy 5 centavos.

Si sumamos a ambas ilusiones las corruptelas propias del manejo de los fondos públicos, así como los desincentivos creados a partir del aumento sostenido de las regulaciones tendremos como resultado un ambiente nocivo para el desarrollo empresarial. Sin esto último, ¿cómo se pagarán las deudas contraídas por los estados?

De manera similar, tal como ocurrió con el sector agrícola, el sector manufacturero sufre actualmente cambios fundamentales. De un pico cercano al 40% del total de puestos de trabajo -en 1945- hoy no llega al 9% de los mismos. En esos casi sesenta años, sin embargo, el valor agregado por trabajador -en el sector- ha pasado de $5,000 a cerca de $115,000.

Es decir, se ha duplicado cada 13 años. Ese extraordinario crecimiento de la productividad se ha traducido en una reducción importante en los precios de los bienes manufacturados, mientras, simultáneamente, se han mejorado sustancialmente las características de los mismos: una Apple de 7 MHz, 128 KB de memoria y con drive apto para floppy’s costaba en 1984 -a precios del 2009- $5,186; hoy, una Apple con 3.06 GHz, 500 GB y superdrives cuesta $1,199. Productividad: ésa es, ha sido y será la clave del desarrollo.

¿Adónde se ha trasladado el gran segmento laboral? Pues al sector servicios.

En Estados Unidos, para seguir con el ejemplo, el 79% de la masa laboral se encuentra en servicios: abogados, médicos, IT, tiendas, restaurantes, entre otros.

Esta transformación implica la necesidad de cambios sustanciales en diversos aspectos político-económicos: las leyes laborales, por ejemplo, requieren de la máxima flexibilidad posible, dado que el sector servicios es por definición dinámico y marginalmente rentable. Las barreras arancelarias y otras protecciones, por ejemplo, manipulan el sistema de precios, creando espacios para la aparición de mercados negros y otro tipo de soluciones extralegales. La calidad de las instituciones es primordial para el buen desempeño de dicho sector; por ello, la incapacidad del Estado para controlar las movilizaciones -ilegales e injustificadas- por parte de la minería ilegal es sumamente preocupante.

¿Estamos preparados para la nueva economía?

En el estudio en cuestión, sobre la viabilidad de las reformas, sostuvimos: “al recuperarse la democracia en 1980, las élites políticas fueron incapaces de revertir el modelo económico imperante”. Frente a dicho marco, las objeciones se han realizado en el siguiente contexto: ¿era factible realizar las reformas en 1980? A nuestro parecer, claramente si.

En primer lugar, por la capacidad del Presidente Belaunde -en dicho momento- de realizarlas: un gobierno elegido democráticamente luego de 12 años de dictaduras militares -razón por la cual el gobierno contaba con altos niveles de legitimidad- y mayoría en el Congreso –el partido gobernante y sus aliados sumaban más del 50% de los escaños.

En segundo lugar, por la relativa fortaleza económica del Perú en 1980 frente a 1990. De la desastrosa dictadura militar se pueden decir muchas cosas, pero económicamente hablando, estábamos mejor en 1980 que en 1990. Es cierto que la situación de 1990 es un subproducto del régimen económico del periodo 1960-1980; empero, la estabilidad fiscal y monetaria en 1980 era superior a la de 1990.

En tercer lugar, por la –sustancialmente- diferente situación sociopolítica: lo que en 1980 era un insipiente grupo armado se convierte, para 1990, en uno de los más sanguinarios contingentes terroristas de la historia mundial –nos referimos a Sendero Luminoso y el MRTA. Sin duda, una cosa era hacer las reformas sin las actividades paralelas de dichos grupos terroristas y otra muy distinta era lidiando con ellos simultáneamente.

Finalmente, no podemos dejar de lado el contexto internacional: en 1990, como resultado de las nefastas prácticas económicas respecto al pago de la deuda externa, el Perú era un paria del sistema financiero multilateral, el cual no solo financia este tipo de reformas, sino que apoya con capitales humanos y expertise, altamente necesarios en ese tipo de situaciones. Adicionalmente, ya existían –en 1980- ejemplos exitosos de reformas, Corea del Sur, Taiwán, Chile, Hong Kong, entre otros (cierto es que la gran mayoría de ellos eran sistemas dictatoriales).

La pregunta, creemos, no es si se podían o no hacer las reformas, sino ¿por qué no se realizaron?

El modelo de libre mercado dispone, como principio esencial, la libre actuación de los agentes económicos al participar en un proceso de intercambio; es por dicha capacidad de interactuar libre y soberamente -en beneficio propio- que los intercambios son, por necesidad, mutuamente beneficiosos, ya que nadie participaría en un intercambio que implique una reducción en su calidad de vida, presente o futura.

La introducción de calificativo “social” significa, finalmente, cualquier cosa que quieran que signifique -parafraseando al crítico Donoghue-. En la interpretación actual del término, “social” implica la intervención del estado en todas aquellas situaciones donde los resultados, al parecer de los proponentes, resulten subóptimos. Significa entonces que los acuerdos –libres- a los que podrían arribar los diversos agentes serán ajustados dentro de los parámetros arbitrarios del interventor en cuestión -la “fatal arrogancia” de la cual nos alertaba F. Hayek-.

El reciente fallo sobre los aranceles al cemento grafica, perfectamente, dicho escenario. Los magistrados del TC, en un alarde de altanería, sustentan la restitución del arancel basados en una visión económica proteccionista y mercantilista. Los beneficiados –por supuesto- no serán los consumidores, quienes estarán tanto limitados en cuanto a calidades como obligados a pagar un “precio capricho” por parte del productor local, sino la empresa beneficiada con el fallo.

Y es que, ese es el problema de fondo cuando se utilizan términos que dicen mucho pero significan poco. ¿Cuándo es un resultado “socialmente” óptimo? ¿A criterio de quién? ¿Bajo qué análisis y bajo cuál marco interpretativo?

El burócrata que supone contar con un conocimiento mayor a los millones de agentes económicos intercambiando diariamente en busca del beneficio propio arremete inevitablemente contra una barrera infranqueable: la limitación en la dotación y capacidad de razonamiento inherentes al individuo. El descalabro del modelo soviético –y de sus satélites- se origina precisamente en dicha limitación.

Nuestros tribunos han optado por actuar bajo sus limitados marcos teóricos, sus reducidos conocimientos sobre el mercado en cuestión y favoreciendo, de paso, a un agente específico en detrimento de millones de consumidores locales. Habría, eso sí, que agradecerles por su explícita actuación ideológica, librándonos al resto del penoso proceso de inferir -en base a sus fallos- sobre sus posturas político-económicas.

Es recurrente escuchar a los magistrados y defensores del proceder del TC “dorar la píldora”, es decir, salir con alguna explicación jurídica que amilane y suavice la amplitud de perjuicios potenciales producto del fallo en cuestión. Recientemente, don Víctor García Toma -ex titular del TC- sostuvo que el fallo “no sienta precedente, dado que no se aprobó con cinco votos ni con la manifestación expresa de tener carácter vinculante”. Pareciera que para don Víctor, eso es suficiente para tranquilizarnos. Particularmente, no sólo no me tranquiliza, sino que me inspira un mayor temor: que la justicia en el Perú se convierta en una práctica sobre particulares y no sobre universales.

En Derecho, Legislación y Libertad, Hayek sostenía que los beneficios de las normas provenían no sólo de la aplicación de las mismas cuando la norma era aplicada a un particular sino, más bien, cuando la norma era aplicada universalmente, incluso cuando los resultados de dicha aplicación no eran aparentemente benéficos. Y es que, desde Aristóteles, está claro que la previsibilidad es un componente esencial de la Justicia como institución. Con esto no estoy proponiendo que el fallo del TC en este caso particular es benéfico y que, por lo tanto, hay que convertirlo en la norma. Lo que trato de sostener es que el sistema jurídico peruano se socava a sí mismo con este tipo de resoluciones, desde que resuelven en una grafía plagada de incoherencias para luego admitir -sotto voce- que la misma es un desliz, y que -por lo tanto- no debiera ser tomado en cuenta en el futuro.

Puede ser que para los magistrados no siente precedente el fallo en cuestión, al igual que en el caso de Telefónica del 2002. Empero, para los individuos, la lectura de las sentencias y las retracciones parciales es sinónimo de inestabilidad, incertidumbre e imprevisibilidad.

Otro punto a tener en cuenta es la predisposición de los fallos a buscar una modificación del modelo económico, retrotrayendo los avances producidos por la libertad económica hacia los pantanos del oscuro periodo 1960-1990. El TC, a través de sus fallos, está pulseando al Ejecutivo y al Legislativo -cuya génesis es la voluntad popular- con respecto al modelo económico vigente. Y esto es muy grave. Empero, ya estamos alertados