Sin Justicia, no hay desarrollo
Tres recientes casos relacionados al sistema judicial peruano (el Juez Rosales y su arma, los pestilentes audios del abogado Salas, y la inmunda absolución del ex-alcalde de Pucallpa, Luis Valdez) destilan una realidad que destruye, sin dudas, la raíz sobre la cual nuestra sociedad pretende ser algo más que un ejercicio sociológico. A saber, la ley es necesaria a fin de impartir justicia. Sin leyes adecuadas, la justicia es un imposible lógico; sin un poder judicial probo, la justicia se convierte en un arma mortal para los ciudadanos decentes.
Como bien sentencia Bastiat, ese genio de mediados del siglo XIX, cuando la ley y la moral se contradicen mutuamente, los ciudadanos enfrentan la cruel alternativa entre perder su sentido de moral o perder su respeto por la ley. ¿Cómo explicarle a un niño de doce años que el personaje de la carátula -apuntando con su arma- no es un veterano delincuente sino más bien alguien elegido para impartir justicia? ¿Qué nos espera cuando el representante del Colegio de Abogados ante el CEPJ alardea de su poder e influencias? ¿Cuándo las pruebas serán suficientes para condenar, como en el terrible asesinato del periodista Alberto Rivera?
Todas éstas, y todas aquellas interrogantes similares con las que hemos coexistido los últimos no-sé-cuantos-años, se traducen en una sencilla pregunta: ¿Por qué nuestro sistema judicial –jueces, legisladores, abogados y otros- actúa así? La respuesta, creo, es muy sencilla: porque no hay otra; son omnipotentes: ellos diseñan el sistema, lo administran, y entre ellos se califican. O sea, que entre bomberos no se pisan la manguera; hoy por ti, mañana por mi. ¿Y quienes se benefician? Pues, todo aquél que sepa rastrearse, engatusar, atracar, digerir y luego expectorar los restos sin rubor.
En el interín, nuestros mercados –y las decisiones de los mismos- se trasladan de las cajas registradoras y oficinas comerciales a las salas del Congreso, a una recámara oculta en algún pasillo escondido del Poder Judicial, o a una suite en algún hotel de cinco estrellas.
De acuerdo a un estudio de Lars Feld y Stefan Voigt, la tasa de crecimiento de un país emergente como el nuestro se podría incrementar en 2,6% anual si tuviésemos una mejor administración de justicia. Es decir, sólo mejorando nuestra calidad institucional -en el ámbito- legal podríamos alcanzar a Chile en tan sólo 12 años (actualmente, manteniendo las tasas de crecimiento promedio, lo haríamos en 28 años).
¿Reformas pendientes? Ahí tienen una que es políticamente viable y económicamente necesaria.
