La consecuencia de una ley de salario mínimo no es el aumento del ingreso de los trabajadores menos preparados, sino una reducción de sus oportunidades de empleo.
William Baumol
Monday, March 29th, 2010
La Sociedad Liberal, organización que agrupa a diversas instituciones y miembros individuales que promueven la cultura de la libertad, se pronuncia contra la arbitraria e injustificada detención del Sr. Oswaldo Álvarez Paz, ex Gobernador del Zulia y ex candidato a la presidencia en Venezuela.
Este hecho, lamentable y condenable por toda persona que mantenga un mínimo de aprecio y respeto por los derechos humanos –y en particular, por las libertades individuales de expresión y opinión-, no hace sino corroborar la tantas veces denunciada y, lamentablemente, creciente atmósfera autoritaria que vive el pueblo venezolano desde el ascenso de Hugo Chávez –y su modelo de Socialismo al Siglo XXI- al poder.
Sabemos que es mucho esperar que el gobierno venezolano cambie sus prácticas dictatoriales y represivas. Ese cambio es nuestro anhelo; empero, dichos modelos totalitarios han demostrado distintas e innumerables veces su denostada impermeabilidad ante cualquier postura que no comulgue con sus credos. Exhortamos, por ello, a los países firmantes de la Carta Democrática Interamericana, firmada en la Ciudad de Lima en el 2001, a asumir una posición clara y enérgica contra este tipo de agresiones injustificadas, sentando públicamente las posturas de sus gobiernos frente a dichos actos represivos.
Mientras los gobiernos democráticos permitan los ejercicios dictatoriales en nuestra región, el fantasma del totalitarismo más nefasto renacerá para lástima de nuestros pueblos, y –como no- para perjuicio de los más necesitados.
Lima, 26 de Marzo 2010.
Firman:
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Friday, March 26th, 2010
Gracias al fallo del Tribunal Constitucional en el caso Cementos Lima, en el cual restituyen un arancel al 12%, descubrimos un debate pendiente en las reformas político económicas de los noventas. Me refiero, para ir al fundamento, a la adjetivización “social” del modelo economico imperante.
El modelo de libre mercado dispone, como principio esencial, la libre actuación de los agentes económicos al participar en un proceso de intercambio; es por dicha capacidad de interactuar libre y soberamente -en beneficio propio- que los intercambios son, por necesidad, mutuamente beneficiosos, ya que nadie participaría en un intercambio que implique una reducción en su calidad de vida, presente o futura.
La introducción de calificativo “social” significa, finalmente, cualquier cosa que quieran que signifique -parafraseando al crítico Donoghue-. En la interpretación actual del término, “social” implica la intervención del estado en todas aquellas situaciones donde los resultados, al parecer de los proponentes, resulten subóptimos. Significa entonces que los acuerdos –libres- a los que podrían arribar los diversos agentes serán ajustados dentro de los parámetros arbitrarios del interventor en cuestión -la “fatal arrogancia” de la cual nos alertaba F. Hayek-.
El reciente fallo sobre los aranceles al cemento grafica, perfectamente, dicho escenario. Los magistrados del TC, en un alarde de altanería, sustentan la restitución del arancel basados en una visión económica proteccionista y mercantilista. Los beneficiados –por supuesto- no serán los consumidores, quienes estarán tanto limitados en cuanto a calidades como obligados a pagar un “precio capricho” por parte del productor local, sino la empresa beneficiada con el fallo.
Y es que, ese es el problema de fondo cuando se utilizan términos que dicen mucho pero significan poco. ¿Cuándo es un resultado “socialmente” óptimo? ¿A criterio de quién? ¿Bajo qué análisis y bajo cuál marco interpretativo?
El burócrata que supone contar con un conocimiento mayor a los millones de agentes económicos intercambiando diariamente en busca del beneficio propio arremete inevitablemente contra una barrera infranqueable: la limitación en la dotación y capacidad de razonamiento inherentes al individuo. El descalabro del modelo soviético –y de sus satélites- se origina precisamente en dicha limitación.
Nuestros tribunos han optado por actuar bajo sus limitados marcos teóricos, sus reducidos conocimientos sobre el mercado en cuestión y favoreciendo, de paso, a un agente específico en detrimento de millones de consumidores locales. Habría, eso sí, que agradecerles por su explícita actuación ideológica, librándonos al resto del penoso proceso de inferir -en base a sus fallos- sobre sus posturas político-económicas.
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Thursday, March 25th, 2010
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) considera que el ex gobernador de Zulia ha sido objeto de una agresión injustificada por parte del gobierno venezolano y que su captura representa un nuevo atentado contra la libertad de expresión y opinión, principios consagrados en la Constitución nacional, pero seriamente vulnerados durante los últimos años. Los delitos que se le imputan al Oswaldo Álvarez Paz, y por los cuales está siendo injustamente encarcelado, no deberían ser considerados tales en una democracia que funcione plenamente. Entonces nos preguntamos ¿por qué un gobierno que controla todas las instancias de los poderes públicos ordena la detención del ex candidato presidencial? Porque necesita crear un clima de caos que le permita actuar con mayor autoritarismo. Para ello requiere atemorizar a los venezolanos. Pero no lo logrará.
El dirigente político en su dilatada trayectoria ha sido un consecuente defensor de los principios democráticos y de la libertad en el más amplio sentido de la expresión. A lo largo de su vida pública como líder juvenil, parlamentario, gobernante regional, candidato presidencial, dirigente político de uno de los partidos más importantes de la nación y luchador social, Álvarez Paz siempre ha defendido con claridad y valentía los valores del sistema democrático, basados en la independencia y autonomía de los poderes públicos y la vigencia plena del Estado de Derecho. Por eso lo persigue el gobierno.
Cedice Libertad exhorta a todos los sectores de la vida nacional a que se pronuncien contra este atropello y exijan el resguardo de sus derechos ciudadanos y su libertad inmediata. En tal sentido apoyamos el pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática. Igualmente nos unimos a todos los esfuerzos que puedan realizar los distintos organismos nacionales e internacionales que han solicitado o soliciten el restablecimiento pleno de los derechos civiles del dirigente político.
El país necesita de muchas más figuras que defiendan la libertad con entusiasmo y decisión como lo ha hecho este líder democrático. Cedice Libertad lo respalda.
El gobierno no logrará acallar ni a Álvarez Paz ni a los venezolanos.
Odile Gaset-Mauri
Directora Ejecutiva
RELIAL Red Liberal de América Latina
Coordinadora de Proyecto
Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
odile.gaset@fnst.org
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Wednesday, March 24th, 2010
El dictamen del Tribunal Constitucional (TC) en el caso Cementos Lima es, en lato, un sicotrópico económico. Sobre la sentencia ya muchos se han pronunciado; la gran mayoría, felizmente, en contra del rozno. Empero, quisiera brindar un enfoque distinto que alimente la discusión que esta sentencia y otras emitidas obligan.
Es recurrente escuchar a los magistrados y defensores del proceder del TC “dorar la píldora”, es decir, salir con alguna explicación jurídica que amilane y suavice la amplitud de perjuicios potenciales producto del fallo en cuestión. Recientemente, don Víctor García Toma -ex titular del TC- sostuvo que el fallo “no sienta precedente, dado que no se aprobó con cinco votos ni con la manifestación expresa de tener carácter vinculante”. Pareciera que para don Víctor, eso es suficiente para tranquilizarnos. Particularmente, no sólo no me tranquiliza, sino que me inspira un mayor temor: que la justicia en el Perú se convierta en una práctica sobre particulares y no sobre universales.
En Derecho, Legislación y Libertad, Hayek sostenía que los beneficios de las normas provenían no sólo de la aplicación de las mismas cuando la norma era aplicada a un particular sino, más bien, cuando la norma era aplicada universalmente, incluso cuando los resultados de dicha aplicación no eran aparentemente benéficos. Y es que, desde Aristóteles, está claro que la previsibilidad es un componente esencial de la Justicia como institución. Con esto no estoy proponiendo que el fallo del TC en este caso particular es benéfico y que, por lo tanto, hay que convertirlo en la norma. Lo que trato de sostener es que el sistema jurídico peruano se socava a sí mismo con este tipo de resoluciones, desde que resuelven en una grafía plagada de incoherencias para luego admitir -sotto voce- que la misma es un desliz, y que -por lo tanto- no debiera ser tomado en cuenta en el futuro.
Puede ser que para los magistrados no siente precedente el fallo en cuestión, al igual que en el caso de Telefónica del 2002. Empero, para los individuos, la lectura de las sentencias y las retracciones parciales es sinónimo de inestabilidad, incertidumbre e imprevisibilidad.
Otro punto a tener en cuenta es la predisposición de los fallos a buscar una modificación del modelo económico, retrotrayendo los avances producidos por la libertad económica hacia los pantanos del oscuro periodo 1960-1990. El TC, a través de sus fallos, está pulseando al Ejecutivo y al Legislativo -cuya génesis es la voluntad popular- con respecto al modelo económico vigente. Y esto es muy grave. Empero, ya estamos alertados
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Tuesday, March 23rd, 2010
Una pregunta cuya respuesta es parte de una agenda política pendiente, es si los individuos tienen o no derecho a comerciar libremente. Esto es un absoluto. La respuesta es si o no; no hay término medio. Si la respuesta es afirmativa, los impuestos a las importaciones (aranceles) deberían abolirse en el acto, dando por zanjada cualquier discusión de índole económica y cualquier posibilidad de aplicar políticas mercantilistas que favorezcan a determinados grupos de interés. Sería una liberalización unilateral del comercio.
Si la respuesta es afirmativa, el Estado debería proteger ese derecho por más argumentos económicos contrarios (si los hubiese), pues se asume que esa es justamente su principal función. Sin embargo, el Estado hace todo lo contrario. Los aranceles, i) quitan a la sociedad la libertad de elegir entre alternativas en competencia, ii) confiscan parte de sus recursos para las arcas del fisco, y iii) desvían otra buena parte de los mismos a las cuentas de los grupos económicos interesados en sostener estos privilegios.
Esta visión de índole moral no implica necesariamente un rechazo a los impuestos per se. Si el comercio debe cargar impuestos para financiar los servicios del Estado, estos deberían ser generales e independientes del tipo de actividad ejercida. Si el individuo importa, exporta, o produce para el mercado local, no debería ser competencia del Estado. Este debería mantener el principio de neutralidad. El Estado no debe ni privilegiar ni castigar actividad económica alguna por más nobles que sean los resultados económicos que su desarrollo consiga.
Quienes postulan una visión contraria, consideran – aunque sea implícitamente – que el hombre no tiene derecho a comerciar libremente más allá de los parámetros establecidos por el gobierno. Vociferan que este problema debe ser desideologizado, que debe primar el pragmatismo, (léase, ausencia de principios morales). En suma, dirán que el problema es “complejo”. Pero como bien señala el filósofo canadiense Leonard Peikoff, la palabra “complejo” no se utiliza hoy para afirmar la urgencia de resolver problemas, sino para asegurar que no existen soluciones.
Las implicancias morales de este tipo sistemas son desastrosas para el desarrollo de una sociedad civilizada, siempre lo han sido, ya que incentivan la formación de una cultura corrupta que entiende que las batallas no se ganan en el mercado proponiendo alternativas socialmente más provechosas, sino en los despachos gubernamentales. La resiente restitución del arancel a la importación de cemento es una clara muestra de ello. La medida es inmoral y su esencia no cambia por más que goce de la venia del Tribunal Constitucional.
Ningún cementero podrá afirmar a partir de hoy que sus beneficios son producto de su esfuerzo, sino del ajeno. Y eso es robo, delincuencia pura. El arancel obligará a la sociedad a pagar 12% adicional por cada bolsa de cemento importada y nadie podrá oponerse a ello, salvo quienes decidan operar al margen de la Ley. Luego se reavivará el problema del contrabando, tildarán de delincuentes a quienes traten de poner a salvo su propiedad, y pugnarán por que la Ley los reprima. Todo ello financiado con ese 12% adicional.
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Friday, March 12th, 2010
En reciente entrevista, el Presidente de ADEX sostiene tres premisas sobre el sector que dirige: primero, que las exportaciones son “el motor de la economía”; segundo, que en el manejo de la crisis: “lo que se ha promovido son las importaciones, que no generan mano de obra”; finalmente, interrogado sobre el drawback sostiene apenado: “a mitad de año se bajará a 6.5%, pero no entendemos cuáles son las razones”.
Dado que a la Asociación de Exportadores le preocupa —según sus declaraciones— mejorar la calidad de vida de los peruanos, nos figuramos que una discusión sobre las premisas expuestas serían oportunas.
Podríamos, por ejemplo, revisar la data que contrasta la primera premisa: en los últimos cinco años las exportaciones —como porcentaje del PBI— han significado 26.81% en promedio; el sector servicios, sin embargo, representa 40.43% del mismo. Sin duda es extraordinario el crecimiento de los sectores transables, lo cual se traduce en mayores y mejores puestos de trabajo, estabiliza nuestra economía, et al; empero, es la revolución en el sector servicios —tal como India (ver http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4673)— la que pone en duda el supuesto de la industrialización como clave necesaria para lograr el desarrollo.
Sobre la segunda premisa, sería conveniente adelantar que las importaciones sí generan puestos de trabajo —de hecho, está muy ligado a la revolución en servicios mencionada anteriormente—. Empero, las ventajas de las importanciones no residen sólo en el plano laboral; siguiendo los deseos de ADEX, suponemos que será una buena noticia hacerles notar que un mayor ingreso de bienes importados implica mejores alternativas para los consumidores locales: en calidad, precios, conceptos, diseños y propiedades, entre otros; y las ventajas no acaban allí. Las importaciones proveen de nuevas tecnologías, inducen a nuevos procesos de gestión y negocios, y otros beneficios colaterales. Todo ello, en su conjunto, significa mayor demanda de puestos de trabajo y, por supuesto, mejoras sustanciales en la calidad de vida de millones de peruanos.
Finalmente, sobre el tercer argumento, la premisa contradice el objetivo de ADEX. Por supuesto que el drawback mejora la calidad de vida de unos peruanos, aquellos directamente relacionados al sector exportaciones; empero, esas mejoras son a costa del resto de peruanos. Es decir, se perjudica a millones de peruanos para hacerle el negocio más fácil a un grupo reducido de favorecidos —abaratando, de paso, los bienes a los consumidores extranjeros, la mayoría de los cuales son países inmensamente más ricos que el Perú—.
Entre las premisas de ADEX y su objetivo, nos quedamos con lo segundo; bueno fuera que ellos también.
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Saturday, March 6th, 2010
La libertad no es poca cosa. Es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra -o de no obrar-, por lo que es responsable de sus actos. No obstante la sobriedad del enunciado, para muchos la misma constituye un peligro, un abierto desafío a los planes que -para el colectivo- ellos tienen en mente. “Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”, decía el abogado argentino Mariano Moreno; y es que, sin duda, esa es la alternativa: libertad o servidumbre.
Afortunadamente para los peruanos, frente a dicha alternativa hemos valorado en mayor medida, en los últimos años, la libertad. Y en el último Índice de Libertad Económica (publicado por la Fundación Heritage y el prestigioso Wall Street Journal) el Perú destaca en el puesto 45 de 179, situándonos en una privilegiada posición de cara al futuro. Y es que, aunque para algunos aún cueste aceptarlo, las correlaciones positivas entre dicho indicador y variables representativas de calidad de vida son más que evidentes (para aquellos que gustan de los guarismos, la relación entre libertad económica e ingresos per cápita es 0.67).
Más allá del puesto, que al final es sólo un indicador relativo, lo importante es que hemos mejorado en el último año en 3 puntos, situándonos por ello entre los 15 países con mejores reformas en dicho plazo. De los 10 indicadores utilizados, entre los que destacan libertad comercial, libertad empresarial y el respeto a la propiedad privada, hemos mejorado en 6, sólo retrocediendo en los ámbitos de libertad fiscal y monetaria, los cuales se explican por el difícil entorno macroeconómico mundial.
Los enemigos de la libertad, que sin duda existen y abundan por nuestros lares, sostienen que dichas libertades sólo benefician a unos pocos en desmedro de muchos. Eso es, sencillamente, falso: la libertad económica no sólo beneficia a todos, sino que beneficia en mayor medida a los más pobres, para quienes pequeños incrementos en sus ingresos significan sustanciales mejoras en su calidad de vida. La pobreza a nivel mundial se ha reducido durante la última mitad del siglo XX más que en toda la historia pasada junta; en el Perú, dichas mejoras en el Índice han significado reducir la pobreza de 55% en 1990 -cuando se hicieron las reformas- al 36% actual. Aún falta mucho por hacer, sin duda; empero, para esos 5 millones de peruanos que han franqueado la brecha, la diferencia es fundamental: menor mortalidad infantil, mayor acceso a escolaridad, mejores niveles de sanidad, entre otras. Como advertimos, la libertad no es poca cosa.
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Tuesday, March 2nd, 2010
Tres recientes casos relacionados al sistema judicial peruano (el Juez Rosales y su arma, los pestilentes audios del abogado Salas, y la inmunda absolución del ex-alcalde de Pucallpa, Luis Valdez) destilan una realidad que destruye, sin dudas, la raíz sobre la cual nuestra sociedad pretende ser algo más que un ejercicio sociológico. A saber, la ley es necesaria a fin de impartir justicia. Sin leyes adecuadas, la justicia es un imposible lógico; sin un poder judicial probo, la justicia se convierte en un arma mortal para los ciudadanos decentes.
Como bien sentencia Bastiat, ese genio de mediados del siglo XIX, cuando la ley y la moral se contradicen mutuamente, los ciudadanos enfrentan la cruel alternativa entre perder su sentido de moral o perder su respeto por la ley. ¿Cómo explicarle a un niño de doce años que el personaje de la carátula -apuntando con su arma- no es un veterano delincuente sino más bien alguien elegido para impartir justicia? ¿Qué nos espera cuando el representante del Colegio de Abogados ante el CEPJ alardea de su poder e influencias? ¿Cuándo las pruebas serán suficientes para condenar, como en el terrible asesinato del periodista Alberto Rivera?
Todas éstas, y todas aquellas interrogantes similares con las que hemos coexistido los últimos no-sé-cuantos-años, se traducen en una sencilla pregunta: ¿Por qué nuestro sistema judicial –jueces, legisladores, abogados y otros- actúa así? La respuesta, creo, es muy sencilla: porque no hay otra; son omnipotentes: ellos diseñan el sistema, lo administran, y entre ellos se califican. O sea, que entre bomberos no se pisan la manguera; hoy por ti, mañana por mi. ¿Y quienes se benefician? Pues, todo aquél que sepa rastrearse, engatusar, atracar, digerir y luego expectorar los restos sin rubor.
En el interín, nuestros mercados –y las decisiones de los mismos- se trasladan de las cajas registradoras y oficinas comerciales a las salas del Congreso, a una recámara oculta en algún pasillo escondido del Poder Judicial, o a una suite en algún hotel de cinco estrellas.
De acuerdo a un estudio de Lars Feld y Stefan Voigt, la tasa de crecimiento de un país emergente como el nuestro se podría incrementar en 2,6% anual si tuviésemos una mejor administración de justicia. Es decir, sólo mejorando nuestra calidad institucional -en el ámbito- legal podríamos alcanzar a Chile en tan sólo 12 años (actualmente, manteniendo las tasas de crecimiento promedio, lo haríamos en 28 años).
¿Reformas pendientes? Ahí tienen una que es políticamente viable y económicamente necesaria.
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