La consecuencia de una ley de salario mínimo no es el aumento del ingreso de los trabajadores menos preparados, sino una reducción de sus oportunidades de empleo.
William Baumol
Monday, June 29th, 2009
Las recientes protestas en Bagua, Andahuaylas y Cusco plantean una necesaria reformulación de la estrategia gubernamental frente a la crisis social que vivimos, tanto por las inadecuadas decisiones practicadas por el gobierno, como por la decisiva intención de un grupo de retar al poder desde la vía antidemocrática. Es inconcebible aceptar la seguidilla de errores cometidos por el gobierno desde que se iniciaron los sucesos en Bagua, hace más de 60 días. Y aquí ya no se trata sólo de un tema de responsabilidades. Salta a la vista la ausencia de una estrategia que modele las posibles consecuencias de distintas estrategias, valorizando desenlaces y presentando soluciones alternativas. Si alguien tenía la impresión de un inadecuado manejo de conflictos, hoy puede tener la certeza de ello. Sean grupos extremistas de izquierda financiados desde Caracas o un desordenado intento por parte de diversos colectivos con demandas heterogéneas quienes realmente se encuentran detrás de estos sucesos, lo cierto es que la improvisación del gobierno vuelve rentable -política y financieramente- el esfuerzo de realizar un reclamo violento.
Es necesario, por la gravedad de lo planteado, volverlo a precisar: las marchas no pararán y las demandas no cesarán en un ambiente donde el gobierno no es respetado y donde la alternativa democrática es un serio riesgo para quienes quieren tomar el poder antes del 2011. ¿Qué hacer? Bueno, en primer lugar, pensar antes de actuar. No es aceptable que el gobierno actúe de manera desorganizada, improvisando soluciones momentáneas y aceptando cualquier presión, aunque ello le signifique al gobierno seguir perdiendo credibilidad. ¡Modelen a través de teoría de juegos, construyan escenarios posibles, apelen a sus mejores negociadores -¿por qué no se le solicita apoyo al Ministerio de Comercio Exterior, experto en negociaciones y uso de dichas herramientas?-, lleven las negociaciones a territorios neutros, utilicen su posición de dominio, etc.! Salta entonces la pregunta: ¿quién gobierna? ¿el Estado o quien mayor capacidad de bloqueos y protestas tenga? ¿Cuáles son los potenciales desenlaces de esta situación? Aquí, lamentablemente, el optimismo es más un deseo que una realidad.
Esta situación puede devenir en casi cualquier escenario. Los ejemplos de gobiernos derrocados por una minoría organizada, con alta capacidad de movilización y articulación, abundan. Los escenarios, entonces, son inciertos y -por lo tanto- muy peligrosos. La democracia está en juego; esperemos que el gobierno entienda y se ponga a la altura de sus deberes con el resto de peruanos, que somos la gran mayoría.
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Saturday, June 20th, 2009
“La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia delante”, decía el filósofo danés Sören Kierkegaard. Escucho a muchos pontificando de lo que debió ser, de lo que se debió hacer, de lo que no hubiesen hecho, y me pregunto: ¿y por qué no actuaron?
Las historias y relatos de situaciones de extrema violencia como las desatadas en la Estación N°6, en el distrito de Imaza, Bagua, que no son sino otro ejemplo de crueldad colectiva, deben ser investigados a profundidad. Estos hechos, cuya violencia expone una parte negativa de la naturaleza humana -aquella que aflora cuando las situaciones provocan conductas que sobrepasan las características individuales-, se están haciendo cada vez más frecuentes, coincidentemente a pocos años de un proceso electoral crucial para la región.
Es fácil caer en el facilismo y decir “son personas humildes, buenas y se dejaron llevar”. Hasta podría ser cierto. Empero, es imperativo que se siga un proceso penal por los hechos sucedidos, tanto por los familiares de los policías caídos como por el resto de peruanos. Y ahí, me da la impresión, volveremos a caer en la falacia de apelación a la pobreza, típica de este tipo de situaciones: dado que los indígenas son personas de bajos recursos, son -por ello- inherentemente buenas y, por lo tanto, inimputables. Sostener eso no sólo es falso, sino peligroso.
Otro recurso será argumentar que la decisión de los hechos violentos provenía de terceras personas, tratando con ello de evadir la responsabilidad de los actos cometidos por los criminales. Ello, por supuesto, es una gran mentira. La responsabilidad directa de los actos es intransferible. Hay que determinar las responsabilidades y procesar debidamente a quienes se encuentre culpables. Y si en estos momentos trágicos aún quedan situaciones de tensión, no es tampoco razón para otorgar una amnistía colectiva.
En un sistema democrático -donde prima el Estado de Derecho-, la inconsulta sobre el D.L. 1090 se debió trasladar al sistema judicial, no a la toma de carreteras y el secuestro de policías. “Se debió negociar”, dicen; por supuesto que sí. Empero, la pregunta no debería ser esa sino: ¿por qué no querían negociar? Y me refiero a ambas partes. La falta de comunicación en estos trágicos hechos sin duda merece también una explicación e investigación -ojalá no Congresal-. Empero, todo ello no debe desviar a la Fiscalía de iniciar las investigaciones y procesar a los que resulten responsables.
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Tuesday, June 16th, 2009
Los recientes acontecimientos, trágicos en todo sentido, han producido una plétora de acusaciones, explicaciones y sofismas de uno y otro lado, carentes de una solución al problema central de los pobladores de la Selva y, para tal caso, de la Costa y Sierra: nuestro sistema de propiedad.
A diferencia de otros países donde la propiedad se adquiere bajo el concepto de “apropiación original” –Homestead Principle- y donde el propietario es dueño tanto del suelo como del subsuelo -y los aires que esté en capacidad de usar-, en el Perú la propiedad está reglamentada en la Constitución (art. 66) bajo el principio estatista donde quien adueña el subsuelo y –por lo tanto- determina los fines de dicha riqueza, es el estado.
Esto, que para algunos será anecdótico, es lo que diferencia a un tejano de un piurano o pucalpino: si el primero encuentra petróleo en sus tierras, es capaz de enriquecerse a partir de negociar -o explotar directamente- dicho recurso; por el contrario, si eso ocurriese en el Perú, el estado removería a los pobladores de la zona para concesionarla posteriormente, dado que es él quien apropia el subsuelo
El principio de “apropiación original” –proveniente de Locke-, establece que “la colonización y transformación pacífica es la condición para que un recurso que no tiene dueño se convierta en propiedad legítima; cualquier recurso que no haya sido “mezclado” con el trabajo de alguien, o que haya sido abandonado por su anterior propietario, es considerado como recurso sin dueño. La primera persona que “mezcle” su trabajo con el recurso se convierte en su propietario legítimo. Una vez que un recurso se ha convertido en propiedad legítima de un individuo, la única manera justa en que la propiedad puede ser transferida a otra persona, de acuerdo al principio de libertad individual, es a través del intercambio voluntario o por medio de donaciones”.
El problema central no es pues, como algunos plantean, la inadecuada distribución de la riqueza, sino los principios de propiedad que rigen las vidas de los peruanos. Por ello, debemos establecer éste principio -otorgar propiedad real sobre las tierras y sobre los frutos de la misma- por dos motivos: porque es lo moral y porque es la única forma que los pueblos tienen de obtener una real capacidad de desarrollo. Si a ello sumamos bajos costos de transacción, se producirá necesariamente una reasignación de los derechos de propiedad establecidos hacia aquellos que los valoren en mejor medida (el Teorema de Coase), beneficiando así a todos los peruanos.
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Thursday, June 11th, 2009
La actual crisis ha revelado las raíces keynesianas de la economía convencional. El único debate ha sido el tipo y tamaño de los rescates y planes de estímulo. Por ejemplo, el premio Nobel Joseph Stiglitz de la Universidad de Columbia piensa que la nacionalización bancaria es preferible al plan de alivio de activos tóxicos de Geithner-Summers. La fantasía keynesiana es realmente una monomanía porque, en última instancia, consiste en la obsesión en una sola panacea, más gasto público. Entretanto, los austriacos defienden el conjunto de políticas contraria y han sostenido heroicamente su receta de la liquidación.
El elevado grado de unanimidad entre los economistas de la corriente principal (mainstream) a favor de los rescates y planes de estímulo se hizo evidente en la reciente convención de la American Economic Association. Además de esta unanimidad, los economistas convencionales se han convertido en más influyentes y poderosos que nunca. Por ejemplo, Paul Krugman, el premio Nobel en economía más reciente y columnista del New York Times, apoya los planes de estímulo para combatir la recesión.
No importa cuántos nuevos planes se ofrezcan, su única queja es que no es suficiente. El antiguo compañero de Krugman en la Universidad de Princeton, Ben Bernanke, a cargo ahora de la Reserva Federal, cree que si él puede arreglar los problemas de la economía financiera también puede evitar que los problemas se extiendan a la economía real.
Larry Summers, antiguo economista y presidente de la Universidad de Harvard es ahora el director del Consejo Económico Nacional del presidente Obama y, presumiblemente, el coordinador de los planes para atajar la crisis económica. Es interesante mencionar que Summers es el hijo de dos economistas académicos y es el sobrino de los premios Nobel,Paul Samuelson y Kenneth Arrow. También es considerado uno de los mentores del Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, quien trabajó bajo órdenes de Summers en el departamento del Tesoro durante la Administración Clinton.
Todo esto me sugiere que esta crisis es un “test de mercado” para los economistas mainstream. Nunca antes tantos economistas académicos han tenido un papel tan importante en la política económica del Gobierno federal. Si incluimos a los dos de fuera (del Gobierno), Stiglitz y Krugman, con los poderosos de dentro (del Gobierno), Bernanke y Summers, tenemos una buena muestra acerca de la economía convencional de elite.
Dado que el Congreso ha votado muy pocas de las muchas medidas adoptadas por la Administración para atajar la crisis, se supone que este equipo económico, incluyendo al secretario Geithner, es responsable del diseño de la mayoría de las respuestas a la crisis.
Sus respuestas equivalen a medidas keynesianas puras y duras. En el último trimestre de 2007, aplicaron los típicos recortes de tipos de interés de la Reserva Federal. Luego, en enero de 2008, el primero de los movimientos sin precedentes vino de Bernanke cuando la FED empezó a subastar activos en la ventana de descuento. Esto fue seguido por una respuesta sin precedentes detrás de otra, rescates, estímulos, y garantías gubernamentales, tales como incrementar la cobertura del seguro del FDIC [Fondo de Garantía de Depósitos] sobre depósitos bancarios y extenderla a fondos del mercado monetario. Todo esto equivale a billones de dólares de más gasto público.
Es decir, Obama no trajo ningún “cambio”, tan sólo incrementó la magnitud y velocidad de las políticas. Los rescates, planes de estímulo y garantías públicas deberían ser vistos como una especie de proteccionismo por la puerta de atrás. Washington está protegiendo a Wall Street; está protegiendo a los bancos; está protegiendo a las compañías de automóviles; y está protegiendo los empleos en general. Entre los gobiernos extranjeros ya se han suscitado preocupaciones sobre este perfil rescatador del Gobierno, de proteccionismo y posibilidad potencial de una guerra en el comercio global.
Por supuesto, si señalas este punto a cualquiera de los economistas de la elite en Washington se burlarían y negarían la culpa. ¿Por qué? Porque todos los economistas saben que el proteccionismo sólo agravará los problemas. La Ley Arancelaria Smoot-Hawley convirtió a la Gran Depresión en algo mucho peor, y este creciente proteccionismo puede provocar guerras comerciales.
La receta austriaca para la crisis económica es muy simple y requiere poca acción por parte del Gobierno. El enfoque keynesiano es una receta para el desastre. Aquí están los ingredientes pasivos de la receta Austriaca:
Permitir la liquidación de empresas en quiebra y de su deuda: nada de rescates públicos.
Permitir que caigan los precios: nada de inflación monetaria.
No apoyar artificialmente al empleo: nada de estímulos económicos.
No conceder avales públicos: nada de nacionalizaciones de las llamadas government-sponsored enterprises (GSEs) ni de expandir la cobertura del FDIC.
No subvencionar el desempleo: nada de extender el subsidio de paro desempleo.
No castigar o desincentivar el ahorro.
Esta receta producirá la recuperación más rápida posible y minimizará la magnitud del daño económico. El lado activo en términos de políticas austriacas consistiría en reducir el tamaño del gobierno, presupuesto, impuestos, y regulaciones.
Debería ser bastante obvio que los Austriacos y los economistas Keynesianos tienen opiniones totalmente contrarias acerca de cómo resolver la actual crisis económica. Para ver cómo podría resultar, echemos un vistazo hacia atrás a la historia económica americana.
Los economistas convencionales identifican los giros en el ciclo económico mediante los datos que aporta elNational Bureau of Economic Research (NBER). Esta información parece sugerir que las contracciones se están haciendo más cortas en duración mientras que las expansiones son más largas. Sin embargo, hay muchos problemas significativos con los datos de los ciclos del NBER.
Un problema es que los datos del NBER oscurecen lo que denomino “super ciclos”, que no deberían ser confundidos con los ciclos de Kondratiev o las Olas de Elliot. El primero de estos super ciclos es la Era Progresiva, cuando se acometieron un conjunto de cambios radicales en la Constitución, el gobierno y la economía. Este super ciclo abarca los cinco ciclos desde 1907 a 1921. El segundo super ciclo fue la Gran Depresión desde 1929 pasando por la Segunda Guerra Mundial, y el tercer super ciclo fue laGran Estanflación de los ‘70, que duró desde 1970 hasta 1982.
Otro problema consiste en cómo medir mejor la economía a lo largo del ciclo económico. El NBER tiene en cuenta muchos factores para calcular los picos, valles, y recesiones, pero en gran medida se resumen en el PIB. Un problema con este enfoque es que a lo largo del tiempo el gasto público ha aumentado notablemente en relación al sector privado.
El gasto del Gobierno federal es menos susceptible a recortes durante las recesiones, debido al poder del Ejeuctivo para incurrir en déficits presupuestarios, subir impuestos y generar inflación. Las grandes cantidades de gasto público gubernamental hacen que los ciclos más recientes parezcan menos importantes que los antiguos ciclos cuando se mide en términos de PIB.
Sin embargo, el gasto público no es comparable al privado, ya que su valor no depende directamente de los consumidores, y buena parte de él es realmente nocivo para la economía. El Gobierno podría pagar a la gente para que cavara hoyos y a otra gente para que los llenara, y así se incrementaría el PIB, pero nadie sostiene que ése sea el camino de la prosperidad.
Tratando de corregir este problema con lo aportado por Murray Rothbard y los cálculos de Robert Batemarco, encontramos que los tres super ciclos del siglo XX coincidieron con el ascenso de intervencionistas de diversos tipos: los progresistas (1907-1921), los defensores del New Deal (1929-1945) y los keynesianos (1970-1982).
En contraste, si miramos a las recesiones normales, donde el país no estaba en guerra, estaba bajo el patrón oro y donde la política keynesiana no era dominante, nos encontramos una historia muy diferente. Por ejemplo, las recesiones de 1953-54, 1957-58, y 1960-61 fueron cortas en duración, poco profundas y fueron seguidas por un crecimiento robusto.
En la actualidad, la burbuja inmobiliaria alcanzó su cumbre en julio de 2005. La inversión privada, un indicador fundamental de la economía, hizo lo propio en 2006. A medida que las condiciones adversas en la industria constructora se extendieron, la economía se dio un traspié a finales de 2006 y otra vez a finales de 2007, antes de caer en clara depresión en 2008. El tamaño y alcance de los remedios de las políticas keynesianas empleadas desde finales de 2007 no tiene precedentes. Con el resurgir de la economía keynesiana sólo podemos concluir que las precondiciones para un nuevo super ciclo ya están puestas, y que si las políticas no se revierten, nos enfrentaremos a muchos años de condiciones económicas depresivas.
Artículo elaborado por Mark Thornton y publicado originalmente en el Ludwig von Mises Institute.
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Tuesday, June 9th, 2009
Sin lugar a dudas, la herida causada la mañana del viernes 5 de mayo en Bagua estará abierta por mucho tiempo. Lamentablemente, tan abierta como tantas otras heridas. De esas que en su acumulación delatan nuestro tercermundismo y la peor de sus compañeras: la barbarie.
Así, entre balas y flechas hay quienes creen que se puede apostar por la globalización y el capitalismo desde la imposición de un decreto legislativo. De igual manera, entre lanzas y machetes hay quienes juzgan que en el sistema de mercado no encajan rostros cetrinos ni aborígenes.
Dos yerros que hoy se enfrentan. En medio gente que, como el que más, únicamente anhela gozar de lo suyo, de lo que tiene, de lo que le pertenece. Y en ese universo de personas los nativos de la inmensa selva amazónica no son las únicas víctimas de una legalidad que los despoja, de una legalidad que dice “es tuyo, pero… de acuerdo a ley…” Y en la ley puede haber cualquier cosa menos la real protección de aquello que se dice que es nuestro.
En ese sentido, todos los peruanos sufrimos de idéntica normatividad. Dándose que aquí lo único novedoso es que los nativos (sus dirigentes) recién se han enterado de los límites políticos de los derechos de propiedad. Es decir, gracias al Decreto Legislativo 1090 miles de personas se estrenan en la comprensión de una normatividad expropiatoria. Una normatividad que nos canta que los predios que son nuestros sólo lo serán si es que carecen de riquezas en su interior, pues si ellas asoman (oro, plata, gas, petróleo, etc.) simplemente no podremos tomarla para nuestro particular beneficio.
Eso es no tener derechos. Eso es carecer del máximo disfrute de lo que se tiene. Es estar impedido de gozar de lo que poseemos a título de dueños, siendo que por lo mismo serán otros los que decidirán por encima de nuestras voluntades. He aquí una legalidad mercantilista, en virtud de la cual la suerte de las pertenencias de la gente (y la gente misma) es decidida desde el despacho de un burócrata.
Por muy buenas intenciones que tenga el decreto legislativo en cuestión, el mensaje recibo por los directamente afectados es contundente: “Tu tierra no es tan tuya. El Estado prima sobre lo que dices que es tuyo”. Eso es lo que reza el artículo 66º de la Constitución de 1993 cuando señala que los recursos naturales son patrimonio de la nación y que por lo mismo el Estado es soberano en su aprovechamiento. Para los nostálgicos, el artículo 118º y subsiguientes de la Carta de 1979 no era muy distinto.
Cualquier deseo de llevar a los miembros de las comunidades nativas de la Amazonía a otros dispositivos del mencionado decreto carece de relevancia frente a esta expropiatoria mención. Al fin y al cabo, la referida norma no hace más que desarrollar el antes citado texto constitucional. Como se ve, no estamos ante ninguna novedad. Legalidades de esa traza son más antiguas que la república peruana. En nuestra tradición jurídica, el altomedieval derecho del Reino de Castilla (siglo XIII) se erige como el precursor de este tipo de dictados absolutistas.
Ciertamente hay quienes tomarán este desencuentro como parte de las distancias entre el “país legal” y el “país real”. Pero de qué tipo de legalidad hablamos. Igualmente, qué tipo de “realidad” invocamos. ¿Plantear el tema de Bagua como la eterna lucha de resistencia aborigen frente a las injusticias de los occidentales capitalistas es asumir las cosas tal como realmente son?
Lo dudo. Mas lo que no dudo es que este problema se sienta sobre una base mayor que acaso sólo la sensibilidad de gente tan apegada a la tierra pueden captar: que no hay progreso sin derechos. Y esos derechos no son regalos ni dádivas de gobierno alguno. Por lo mismo, nadie desde el poder puede ponerlos en duda, sino meramente reconocerlos. Únicamente de ese modo podremos alejar a los antisociales (siempre actores políticos) que se aprovechan de los comprensibles temores de hombres y mujeres que sólo claman por vivir en paz.
Ahora, ¿quiénes son los bárbaros? ¿Aquellos que usan la ley para anular pertenencias o los que defienden lo que es suyo? Si el hoy prófugo Pizango pedía que se derogara el Decreto Legislativo 1090 ello demostraba su carencia de visión. No era un líder de verdad, sólo un simple oportunista aupado por el chavismo. Un auténtico defensor de los derechos de su gente estaría exigiendo la modificación de la Constitución para que todos los peruanos gocen del derecho de ser propietarios a carta cabal, y no a medias tintas. He aquí una tarea pendiente de todo buen republicano, de todo ser civilizado.
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Saturday, June 6th, 2009
“Viva la revolución marxista-leninista-maoísta, pero principalmente maoísta para la conformación de la República Democrática Popular del Perú! Viva el Partido Comunista del Perú!”. No, no son las vivas del camarada José en el VRAE o del camarada Artemio en el Huallaga. Son las loas de Samuel, de tan sólo 10 años, transmitidas el fin de semana y que demuestran que el terrorismo armado e ideológico en el Perú es una realidad sobre la cual debemos actuar sin dudas y sin pérdida de tiempo.
El Partido Comunista Peruano mantiene aún los objetivos iniciales del terrorismo senderista, con algunas diferencias –aún por ver si se mantienen- en cuanto a formas y elementos. Parten, sin duda, de una visión marxista-leninista-maoísta donde se se busca instaurar una dictadura del proletariado bajo la dirección del PCP; dado que los estamentos democráticos son considerados burgueses e imperialistas, se alcanza el poder por las armas y –aquí una pequeña variación con Sendero- las alianzas con otras fuerzas revolucionarias. “Nuestra política actual, del Frente Unido Democrático Revolucionario antiimperialista y antifeudal, no es ni de pura alianza sin lucha, ni de pura lucha sin alianza, sino que tenemos que combinar la alianza y la lucha propiamente a las condiciones peruanas; esto es marxismo, solamente así es revolucionario”, reza el blog del PCP-MLM. Es, sin ninguna posibilidad de equívoco, un proyecto ideológico, armado y subversivo. Es, en resumen, más del mismo terrorismo de Sendero, modernizado y actualizado a las tendencias del terrorismo internacional –léase, medios electrónicos, adoctrinamiento de menores, financiamiento del narcotráfico, entre otras.
Según algunos de nuestros especialistas locales y analistas progres, todo esto no es más que un problema de delincuentes comunes, financiados por el narcotráfico, desprovisto de un plan armado-ideológico. Nada más alejado de la realidad. Las razones de apelar a dicho membrete, sin embargo, no es casualidad: por un lado, al ser delincuencial, obliga a una intervención policial, no militar, cuando es por todos conocido que la policía no tiene ni el entrenamiento, ni la experiencia ni la capacidad de actuar en dichas zonas; por otro lado, en tanto sea delincuencial, las penas aplicables son infinitamente benignas frente a las actuales leyes antiterroristas.
Hay que tomar acciones inmediatas que reestablezcan el orden y el sentido de autoridad que todo estado debe ejercer en su territorio, dentro del estado de derecho y las leyes que contemplan dichas acciones. Empero, el estado brilla por su ausencia, y la prensa progre se desvía cuanto puede del tema. ¿Alguna ONG interesada en los derechos de esos niños?
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Saturday, June 6th, 2009
He aquí otro motivo para preocuparse por las recientes señales de que el dólar de EE.UU. está nuevamente de capa caída: un dólar más débil podría suponer un alivio muy necesitado para el agitador antiestadounidense Hugo Chávez, cuya presidencia empieza a apretarse el cinturón ante una escasez de dólares. Incluso el déspota venezolano está entrando en pánico.
El mes pasado, el mandatario aceleró la campaña bolivariana contra las libertades. Pero, lejos de ser una señal de fortaleza, las medidas que tomó fueron muestras de desesperación diseñadas para frenar una debacle económica.
En el centro del meollo está el precio en dólares del crudo, la fuente predominante de divisas para Venezuela. La burbuja generada por una política monetaria laxa en EE.UU. a principios de la década invirtió un periodo de precios del crudo históricamente bajos a fines de los años 90, y premió a Chávez con un alud de ingresos provenientes del petróleo durante la mayor parte de su década en el poder.
Pero una economía petrolera es una espada de doble filo y en el último año el emulador de Castro se ha vuelto más vulnerable. Un dólar más fuerte y una demanda de crudo reducida han implicado menos dólares para Venezuela. A eso se suma lo que los analistas de la industria llaman una caída significativa en la producción debido a la politización del monopolio nacional petrolero conocido como PdVSA, y es fácil ver por qué las reservas del banco central han ido menguando.
Chávez ha sentido los efectos. El Presidente ha tenido que reducir su práctica de financiar a aliados revolucionarios en el resto del hemisferio. La capacidad del país de pagar importaciones —desde alimentos hasta maquinaria industrial y autopartes— también se ha deteriorado.
La tasa de cambio está fijada en 2,15 bolívares por dólar, pero el banco central no da abasto para suplir los pedidos de los importadores a esa tasa. La tasa en el mercado negro es de 6,5. El tener menos dólares disponibles para mantener los intereses domésticos que lo sostienen en el poder, también es un problema en el horizonte para el tirano.
Nadie entiende hasta qué punto el futuro del régimen depende de restablecer la bonanza de dólares mejor que Chávez. Si la Fed lo complace continuando con el debilitamiento del dólar, tal vez sobreviva.
Mientras, el mandatario está luchando por controlar el efecto dominó de la catástrofe económica que se le avecina.
En el frente político, está haciendo todo lo posible para asegurarse de que sus oponentes no cuenten con recursos. El gobierno central ha estado despojando a alcaldes y gobernadores de la oposición de sus ingresos presupuestarios y su autoridad sobre las escuelas, hospitales y policía. Asimismo, militantes chavistas han bloqueado el ingreso del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, un importante crítico de Chávez, a la Alcaldía desde su elección en noviembre.
En el frente económico, PdVSA parece tener problemas financieros que van en aumento debido a malversaciones de fondos e incompetencia.
Esto explica la nacionalización el mes pasado por parte de Chávez de más de 70 contratistas de servicios petroleros. El boletín informativo VenEconomía, con sede en Caracas, apuntó que el mandatario anunció las intervenciones con gran fanfarria, posando para los fotógrafos junto a la costa del lago de Maracaibo. Pero señaló que aún debería causar mayor consternación la toma de control paralela de cinco plantas de gas, vapor e inyección de agua, que “sostienen casi la mitad de la producción” de crudo. El informe apunta que “muchos analistas advierten que PdVSA no tiene el conocimiento ni las destrezas necesarias para operar esas plantas de modo eficiente”, y que, de ser eso cierto, la compañía podría perder una capacidad significativa. La tecnología de inyección recupera las reservas bajas al aumentar la presión bajo tierra.
Entonces, ¿por qué lo hizo? La teoría de VenEconomía es que el gobierno podría haber así tratado de “impedir el cierre de operaciones” por parte de las compañías en señal de protesta por la negativa de PdVSA a pagar varios miles de millos de dólares en facturas atrasadas”. Otros han dicho que PdVSA está tratando de ahorrar dinero.
En cualquier caso, la razón es la misma: a Chávez le falta dinero verde. Y aunque el presidente presumió la semana pasada de que Venezuela tiene el dinero más que suficiente para repagar todas sus deudas, eso es dudoso. Algunos cuyas propiedades fueron expropiadas el año pasado, como tres cementeras extranjeras y los propietarios venezolanos de la planta siderúrgica Sidor, no han sido compensados. Un banco español, también intervenido el año pasado, todavía espera compensación.
La escasez de dinero también podría ayudar a explicar la expropiación “temporal” de una fábrica de pasta de Cargill en mayo, con las instrucciones estrictas de que sólo se devolvería si la planta se dedica exclusivamente a la producción de productos de precio controlado.
El problema fundamental es que Venezuela importa una gran parte de lo que consume. Los importadores tienen derecho a obtener los dólares que necesitan a la tasa oficial a través del administrador de divisas extranjeras del gobierno, conocido como Cadivi. Pero en abril, Cadivi empezó abiertamente a aconsejar a los importadores que se dirigieran al mercado negro para obtener dólares. La “sugerencia” de Cadivi es otro indicador de que al gobierno le faltan divisas. Parece haber improvisado una alternativa extra-legal a una vergonzosa devaluación oficial.
Una devaluación implicaría una debacle inflacionaria. La alternativa, una contracción monetaria, supone el riesgo de ralentizar la economía. Ambas opciones serían un desastre político para Chávez. Eso explica el intento de intimidar a Cargill, con el mensaje implícito a todos los productores domésticos de que el control de precios es la ley. El terror por parte del gobierno y la intimidación contra el sector privado son la mejor esperanza para la supervivencia de Chávez mientras espera para ver si el Tío Ben (Bernanke) le da una mano con una nueva tanda de inflación para el dólar.
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