Criminalizando la Libertad
El colectivo global decidió en algún momento criminalizar el uso de las drogas, y desde ese momento, ha sido difícil volver atrás. La brutal expansión de los cultivos de hoja de coca, así como de amapola y marihuana, de los carteles en Colombia y México, y del gasto billonario en operativos y campañas antidrogas, demuestran que el problema está lejos de resolverse. Unos culparán a la demanda, otros a la oferta, sin que nadie discuta porqué se criminalizó en primer lugar.
Bastó con qué a algunos les parezca oportuno usar la fuerza coactiva del estado para “evitar” el consumo de sustancias alucinógenas para que, así nomás, criminalizaran una decisión que compete a individuos, creando instantáneamente una red de corrupción, delincuencia, y –por supuesto- un cartel multimillonario.
El tema de las drogas no es uno de posiciones morales o éticas; es decir, no está en los instintos rechazar su uso, sino más bien en legados culturales –léase, tradiciones, reglas traspasadas-. Por ende, más allá de la criminalización de las mismas, cada uno tendrá su opinión sobre si les parece aceptable o no su consumo, y será igual como opinar sobre cualquier otro tema controversial: las corridas de toros o el fanatismo religioso, por ejemplo. El hecho que las drogas produzcan efectos negativos en el uso de la razón de las personas, no puede constituir un derecho para forzar su no uso, dado que bajo los mismos argumentos, habría que prohibir el uso de bebidas alcohólicas o cualquier otra forma de nublar la realidad (tendríamos, en dicho caso, que prohibir incluso ciertas practicas seudoreligiosas).
Las drogas son de extrema rentabilidad por el carácter criminal de las mismas. De legalizarse su uso, ocurrirían diversos beneficios que no han sido ponderados debidamente. En primer lugar, la reducción casi instantánea del precio de las drogas en los mercados negros, reduciendo con ello el precio de las materias primas (probablemente a niveles en los cuales sean más rentables productos alternativos, como el café o el cacao); en segundo lugar, dado que existe una demanda importante, existirían incentivos para que se establezcan industrias, con lo cual mejorará la calidad de los productos (beneficiando la salud de sus consumidores, además de los adelantos científicos y tecnológicos que probablemente sigan a la industria); en tercer lugar, se eliminaría todo ese ambiente criminal y delictivo que rodea a las drogas, tanto en la producción, como en la comercialización y consumo; finalmente, serán un motivo de desarrollo económico para algunas regiones, así como de tributos para el estado (más impuestos, ¡que raro que no hayan pensado en esto!).
La criminalización de las drogas no tiene más sustento que la posición paternalista del estado y la sociedad sobre un grupo de individuos; no aceptar eso es simple hipocresía. Creer, además, que la criminalización de las mismas acabará con el problema o se reducirá el consumo por ello, es franca estupidez. Mientras exista demanda, existirá oferta; mientras esté criminalizada, será altamente rentable; mientras más rentable sea, mayores incentivos a su producción y comercialización existirán.
