¿Libertad? ¿Dónde?
Frederic Bastiat, en “La Ley” (1850), concibe una afirmación que es necesaria recalcar: los políticos, en épocas electorales, nos frotan con pomposas alabanzas sobre nuestra rectitud, inteligencia, bondad y sentido humanitario; empero, ni bien elegidos, logran una pseudo-omnipotencia en la que solo ellos saben qué es bueno para nosotros, cómo debemos vivir, cuándo debemos de actuar, y otras propuestas que contradicen, abiertamente, a las pre-electorales.
Mas aún -y siguiendo a Bastiat-, una vez elegidos -cuando solo ellos son lo suficientemente capaces de discernir qué nos beneficia- prolongan su estadía afirmando que legislan en nuestro favor. Empero, si los electores no somos capaces de elegir qué es lo mejor para cada uno, ¿cómo así ellos –ahora, una vez elegidos- sí lo son?; en principio, son humanos, y contarán tanto con las virtudes, como con los vicios con los que actuamos el resto de humanos. En otras palabras, ¿cómo así se convierten, después de las elecciones, en omnipotentes?
El tema no es nuevo; de hecho, data desde las primeras formaciones y asociaciones humanas hace 12,000 años, cuando las aún incipientes sociedades se constituían alrededor de la agricultura y la ganadería. Los mesopotámicos ya se constituían bajos signos de hegemonía política y religiosa; de igual manera los egipcios, griegos, y romanos. Es decir, el hombre nace libre, pero desde que vive civilizadamente, es esclavo de sus pares.
La ley, que debiera defender a los individuos de la injusticia de otros, se arroga -a partir de los deseos totalitarios de algunos cuantos- el poder de limitar y coactar los proyectos individuales de cada uno. En la actualidad, es imposible encontrar un lugar del mundo donde no se reglamente el intercambio -de bienes, servicios, o trabajo-, limitando así la libertad de acción individual, y –a la vez- vulnerando la propiedad. Y es que, es a partir de ésta intromisión de los estatistas que la injusticia nace y se desarrolla, creando amargura y desesperación.
Por ello es inevitablemente injusta la aplicación de la ley cuando ésta se dirige a determinar los intercambios, y no a velar que los mismos se respeten; en el primer caso, el estado decide qué es lo justo; en el segundo, cada uno decide libremente qué desea, y el estado interviene si uno de ambos contratantes rompe el acuerdo. Es decir, la ley debe tener un carácter negativista, no positivista. Debe de intervenir con fuerza cuando se viola un acuerdo; si no existe violación del mismo, debe abstenerse. Los defensores del estatismo dirán que algunos pueden salir perjudicados, lo cual es un error desde el inicio: los individuos, al actuar libremente, optan por aquello que es más beneficioso para sí mismos, y no depende del estado o de los economistas determinar si eso es lo correcto o no.
Solo cuando el intercambio es libre y voluntario los hombres pueden actuar dirigidos a alcanzar su principal objetivo y único derecho original: su supervivencia, o –lo que es igual- su vida. El estado, las leyes y la fuerza, deben tener como únicos fines la observancia de éste principio, de lo contrario, viviremos en el socialismo empobrecedor que hoy nos gobierna.
