La consecuencia de una ley de salario mínimo no es el aumento del ingreso de los trabajadores menos preparados, sino una reducción de sus oportunidades de empleo.

William Baumol

Y Velasco Tenía Razón

http://www.institutoaccion.com/2006/10/30/y-velasco-tenia-razon/

A principio de los setenta, en el balneario de Paracas, embriagado frente a un grupo de adolescentes, el dictador preferido de la izquierda caviar limeña balbuceaba: “En el Perú, el vivo vive del tonto. Y el tonto, de su trabajo”. Lamentablemente parece cierto, los peruanos hemos aprendido vivir destruyendo a los que construyen. Persistentemente, los diferentes gobiernos que hemos elegido -o tolerado- por voracidad y afanes redistributivos o dirigistas, han creído siempre que la solución para todos nuestros males (pobreza, bajo crecimiento, exclusión, et al), implica apropiarnos -a través del Estado- de algo que es propiedad de alguien. Y normalmente también, desde la burocracia, decidir qué propiedades se respetan, cómo y cuándo.

Así por ejemplo, entre los años sesenta y setenta abundaron las llamadas nacionalizaciones. Expropiaciones directas poco transparentes de todo aquello que parecía florecer, y que resultaron enormes catalizadores de corrupción e ineficiencia en todos los ámbitos de nuestra sociedad. En los ochenta, bajo regímenes democráticos, se reproduce esta visión ladrona (entonces expropiando indirectamente) vía una mezcla de sobreregulación -abusiva y populista- con una tasa de inflación creciente, ladrona de salarios, ahorros, jubilaciones e inversiones.

Desde los noventa a la fecha no hemos cambiado tanto. Hemos caído en una fase en la cual tanto a través de la regulación cuanto vía la inestabilidad y arbitrariedad de lo tributario, se configuran aún canales abiertos y absurdos de expropiación. Abiertos por su clara determinación a diferenciar entre peruanos, castigando recurrentemente la los que ahorran, florecen o “que más tienen”. Y absurdos, porque no solo crean informalidad y contrabando, sino que expropian recursos a las empresas y familias para dirigirlos -y tal vez desperdiciarlos- en el financiamiento de un aparato estatal redundante, ineficiente, competidor desleal de privados y, usualmente, tan poco transparente como corrupto.

En estos días, una vez más, todos volvemos a enfocar el lado tributario. Nuestros congresistas hablan de impuestos adicionales a las utilidades (a los que llaman impuestos a las sobreganancias o plusvalía) mientras la gente del MEF contempla discutir sobre el ITF y el ITAN, y racionalizar el espectro de exoneraciones vigentes, eliminando la exoneración -léase: castigando relativamente- a quienes consumen servicios financieros (IGV) o a quienes aún operan en la enjuta Bolsa Limeña (Impuesto a la Renta). Todo esto, nótese, al mismo tiempo que se acumulan por allí decenas de nuevos proyectos legislativos para introducir nuevas exoneraciones para algunos. Una exoneración, recuérdese no solo es un regalo para algún afortunado, implica u castigo -una mayor expropiación- para otro, porque a éste se le va a cargar adicionalmente para que el gobierno de turno pueda seguir gastando (sin reformas) lo mismo o más.

Insisto, tal vez en esto -y solo en esto- el hediondo dictador de izquierda tenía razón. Los peruanos aún no entendemos que los impuestos destruyen. Que enredarse en racionalizar simétricamente exoneraciones o en justificar escalas progresivas, itanes o iteefes es algo erróneo hasta la médula. Que debemos hoy transitar hacia un régimen que alivie a las empresas y familias. Un régimen tributario estable (que no se discuta todos los años), carente de toda discriminación en lo posible y -principalmente- congruentente con el continuo auge de los privados.

Si alguien cree que esto es hoy así, lo invito a esperar lo que pase cuando el panorama externo se normalice.