Educación y Lucro II – El Campo Público
En nuestra anterior entrega habíamos hecho una revisión sucinta del tipo de organizaciones que prestaban sus servicios en el sector educativo. Resumiendo: entidades públicas y privadas, y dentro de estas últimas, la mayoría sin fines de lucro y otras con fines de lucro.
Observamos que todas ellas requerían de un presupuesto para funcionar (costos importantes en general), financiamiento que venía de alguna parte y que de ningún modo era gratuito.
Yo había propuesto finalmente una pregunta (si la forma de organización de una institución redunda en el servicio que brinda), que según mis cálculos, podía generar más de una respuesta y más de una pregunta, y por lo cual resulta menester obsequiarle a usted un panorama más amplio para poder contestarla. Trataré de hacerlo de manera resumida, pero es innegable que esto me tomará otras entregas, por lo que le ruego paciencia.
Repasemos primero el campo público. Un principio básico que hay que entender, y que no hemos inventado aquí, es que el mito de la educación gratuita no es nada más que eso, un mito; no hay nada gratis en este mundo. El costo de mantener una institución se paga; si ésta es pública, entonces lo será con fondos que le pertenecen a la nación y por ende a usted como ciudadano, y en consecuencia usted tiene derecho a reclamar si es que se están utilizando mal dichos fondos. A esto se le denomina comúnmente, corríjame si me equivoco, una mala gestión, de la cual, reitero, usted tiene todo el derecho a pedir rendición de cuentas (A respecto lo invito a revisar la constitución de la república, si tiene tiempo).
Así, estos recursos utilizados, comúnmente llamados públicos, constituyen intervenciones en la economía de una sociedad que alguien (un burócrata[1]) canaliza por usted (bendita democracia representativa), para bien o para mal. Lo malo es que si no lo hace bien, se pierden irremediablemente, habiendo podido servir mejor para el propósito que se le destinó (en manos más eficientes) o a otro fin no menos importante (presiones sociales para su uso en otro sentido sobran, se lo aseguro).
El problema principal que divide a esta cuestión se puede apreciar principalmente en tres vertientes:
(1) Que usted no reclama. Como no analiza el presupuesto, ni recibe un balance de la gestión, y/o una memoria de la misma, ni los solicita, se entera de oídas de lo mal que marcha el sector público en educación; más claro, de lo pésimo que han administrado su dinero. En este sentido, no lo internaliza como un gasto propio, cuando en realidad si debería hacerlo; (2) Que el administrador de nuestro dinero (me incluyo), tampoco internaliza el gasto porque al fin y la cabo, tampoco es suyo ese peculio, es de usted, y como ya hemos acotado, no hay reclamo que se escuche; en buen romance no es sino la vieja perdición de la internalización de las externalidades negativas; es decir que, como el burócrata administrador no tiene la calidad de propietario no siente la pérdida (o malgasto) en su bolsillo; (3) A nuestro buen burócrata nadie le exige cuentas de su gestión en cuanto a eficiencia, sin embargo, es probable que cobre puntualmente su sueldo, y que su cese sea muy remoto (si ocurre alguna vez antes de su jubilación), y para nada relacionado con su desempeño sino con cuestiones más importantes para otros, que están más allá de los simples mortales, esto es, meramente políticas.
Otras vertientes que podríamos destacar es averiguar porque la sociedad civil, a través de los medios de los que dispone para ello, no efectúa un reclamo serio sobre la materia, e investiga, en vez de leer y escuchar noticias de otro corte menos relevante.
Continuaremos.
