Caballo de Troya
Juraron nuestros congresistas. Hubo juramentos amenazantes, juramentos inentendibles, juramentos pintorescos y juramentos simplemente ridículos. Toda una colorida pluralidad en la que la única constante fue la huachafería de quienes vieron en un acto público donde un grupo de funcionarios debía simplemente comprometerse a ejercer su cargo con lealtad, la espléndida oportunidad para airear antes las cámaras sus afectos, desafectos, ambiciones, resentimientos y hasta complejos personales y políticos. Juraron por sus familias (aunque no hubo nada que igualara aquel inolvidable “por mi esposa, Pochita”), por sus comunidades, por el regreso triunfante de un prófugo e, incluso, por la venganza contra un ex correligionario devenido en tránsfuga. Juraron con el puño en alto, negándose a hablar en español y, por qué no, aprovechando para no jurar del todo.
En medio de tan atractivo despliegue de curiosidades, pasaron bastante inadvertidos los únicos juramentos realmente peligrosos: los que ofrecieron reemplazar la Constitución de 1993 por la de 1979, ante la supuesta ilegitimidad de la primera.
Cambiar nuestra Constitución por decimotercera vez es una dar una torpe dagada al corazón mismo de toda posibilidad de desarrollo: la predictibilidad. Es un hecho que la realidad ha comprobado hasta el cansancio que ahí donde los hombres no saben que esperar, no se puede esperar mucho de ellos. Y es también una necesidad de la lógica: las personas tomamos nuestras decisiones – verbigracia: trabajar, contratar o invertir- sobre la base de análisis de costo-beneficio, y no se pueden hacer estos análisis ahí donde los costos y los beneficios de todo están constantemente sujetos a cambio según cambien los deseos y convicciones (o confusiones) ideológicas del poder político de turno. Y esto es precisamente lo que se logra cuando se cambia regularmente el sistema básico de derechos y obligaciones de una sociedad.
Pero no sólo eso. En la idea de este (nuevo) cambio constitucional el problema no es únicamente el cambio. El problema es también la dirección que se quiere dar a este cambio. Los peruanos no podemos sensatamente pretender seguir captando inversión si reestablecemos una Constitución que, entre otras muchas aberraciones, permite intervenir los contratos privados y alienar la propiedad en aras del gaseoso y manipulable “interés social”; que encarga al Estado planificar el desarrollo económico y que le da poder para “reservarse” sectores económicas enteros; y que tiene una concepción y lenguaje generales en los que el individuo y lo suyo siempre son instrumentos de una colectividad y en los que, en consecuencia, nadie tiene nada garantizado contra lo que los políticos vayan considerando que conviene a la comunidad. Y no olvidemos que sin inversión no hay generación de empleo y que ésta es, a su vez, el único método conocido para salir de la pobreza.
Por lo demás, el argumento de la ilegitimidad de la Constitución de 1993 frente a la de 1979 no es más que una excusa falaz. La Constitución de 1979 también fue dada en el contexto de una dictadura y, a diferencia de la de 1993, con todos los medios de prensa confiscados. El mismo decreto ley que convocó a la Asamblea Constituyente de 1979 sin ningún pudor le dictaba el contenido de la nueva Constitución: “La Asamblea Constituyente tendrá como exclusiva finalidad la dación de la nueva Constitución […] la que contendrá esencialmente, entre otras, las disposiciones que institucionalicen las transformaciones estructurales que viene llevando a cabo el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada” (artículo segundo).
En suma, la vuelta a la Constitución de 1979 en aras de una supuesta reposición institucional no es más que el Caballo de Troya junto al cual el Perú podría abrir sus puertas al peor de sus enemigos: su pasado.
