Demasiada Arbitrariedad
La ventaja principal de analizar las ciencias sociales bajo el precepto del individualismo –versus aquella proposición del colectivismo que encarna el socialismo- es que, al basarse en las características innatas del ser humano, es predecible; es decir, podemos deducir partiendo de axiomas los comportamientos futuros de los individuos. Aquellos proponentes del colectivismo amalgaman a los individuos y buscan –a través de ello- soluciones predeterminadas por un gran ente regulador y conductor: el estado.
Los amantes de dicha propuesta intervencionista nos venden hoy la subliminal idea de castigar tributariamente a los productores de bienes primarios –mineros, petroleros y otros- bajo el pretexto que éstas ganan “demasiado”. Para dichos propulsores de la economía intervenida y centralizada, los precios internacionales –a los cuales los productores locales se encuentran sometidos para bien o para mal- están “muy altos”, y por ende, el estado debe ganar más.
Es importante entonces entender cuál es la racionalidad de estas propuestas, cuáles son las intenciones detrás de las mismas y cuáles son las amenazas de seguir dichas políticas. La racionalidad de las mismas se basa, como todo precepto socialista, en la envidia. Es decir: los precios están muy altos, tú ganas mucho, pobrecito yo, finalmente, yo debo ganar más. Veamos si ello se ajusta a la realidad. Una empresa minera, productora de oro –por dar un ejemplo- vendía la onza a $271 en el 2001; hoy, se vende a $732. El resumen de dicha data para el intervencionista es que la “sobreutilidad” debe necesariamente generar mayores ingresos al fisco peruano; algo que otros llaman “dignidad”.
Algunas preguntas que –de ser aclaradas- nos ayudarían a fin de no estar tan confundidos: ¿Cuál será la fecha inicial para determinar las “sobreutilidades”? Puede ser el 2001 (cuando estaba a $271) o podría ser 1955 (cuando a valores presentes estaba en $35). De ser la primera, está claro, habría un aumento; empero, si se usase la segunda, ¿Qué ocurriría? Me imagino que –como son gente noble, honesta y justa- deberíamos pagar los contribuyentes la diferencia, ¿O en ese caso ya no es así? ¿Cuándo el oro baje de los costos de producción –situación que ocurre cíclicamente- cubriremos nosotros las “sobrepérdidas”?
Por otro lado, veamos la verdad sobre la propuesta que el estado debe ganar más. Cuando el oro está a $271, las empresas pagan 34% de impuesto a la renta –es decir, 34% de las utilidades. Supongamos que los costos totales de producción son de $80; en ese caso, el IR sería $57. Si el precio sube a $732, el IR sería $221. Es decir, el estado GANA MÁS cuando sube el precio de los minerales, ya que el IR en valores absolutos se auto-ajusta en dichas subidas. Pregunta ¿No es un aumento considerable de los ingresos para un socio que no aporta NADA? Digo “nada” y algunos pensarán que el estado “aporta” el mineral en mina. Falso. Eso es como querer amarrar el producto de la tierra fértil de Ica al estado. El mineral es explorado por las empresas, pudiéndose pasar años, incluso decenios, sin encontrar nada. Otra pregunta en este sentido: cuando exploran y no encuentran nada las empresas mineras, ¿Entrará el estado a cubrir dichas pérdidas? ¿Subsidiará el estado la exploración de empresas privadas? Según el racionamiento anterior de los intervencionistas –si son gente honrada-, debería.
Cuando un individuo o empresa no puede predecir futuros eventos, normalmente percibe riesgos por ello, minimizando su exposición a las variables que afectan dicho evento. Bajo una arbitrariedad como la planteada por los intervencionistas mencionados ¿Cuánto creen que estarán dispuestos a invertir las empresas mineras, petroleras y otras debido a dicha arbitrariedad? ¿Creen, de verdad, que sólo asumirán los costos de dicha decisión? ¿Qué tal les ha ido a los países que han aplicado la arbitrariedad como política?
Claramente, la intención de dichas prácticas es la expropiación, el asalto, el hurto. La expropiación puede ser directa –quitarle a alguien lo que posee- o indirecta –asfixiándolo poco a poco. En lo tributario, la expropiación es del segundo tipo. Y al ser arbitraria (es decir, sin mantener un patrón general sino que solo se aplica en casos específicos), la medida es por ende injusta, inmoral y deshonesta.
¿Cuáles son las consecuencias de dichas prácticas? Pues evidentemente, no generan confianza y, por ende, no se traducen en mayores flujos de inversión. Por el contrario, los capitales fugan –como han fugado $5,000 millones en los últimos 6 meses- buscando plazas más estables y confiables.
Se habla de la intervención del estado como “socio” en dichas empresas, cuando la realidad es que el estado es el socio principal de toda empresa en el Perú. Al cobrar 19% de Impuesto a las Ventas, 34% de Impuesto a la Renta (30% + 4% al distribuir), Seguridad Social, ITF y otros gravámenes, convierten al mismo en el principal socio ex ante. Antes que cobren los accionistas –quienes apostaron capital, imagen y otros factores- cobra el estado; encima, los avasallan con regulaciones, imposiciones laborales injustas, pobre infraestructura y servicios, etc.
Un impuesto tan arbitrario como el descrito arriba solo ahuyentará a los inversionistas locales y extranjeros; solo creará mayor percepción de riesgo y de pobre calidad institucional; obligará a las empresas a crear puertas falsas para extraer beneficios ex ante; y muchas otras decisiones contraproducentes para las empresas y para el estado. En resumen: con la arbitrariedad, todos pierden.
