¿Déficit de Estado?
No existe uno solo entre los veintitantos candidatos a suceder a Alejandro Toledo que no comparta (con él) este diagnóstico: en el Perú existe un severo déficit de Estado. En estas líneas invito al lector a ponderar cuánto de este elemento común de todos los diagnósticos en la presente elección podría explicar por qué -extrapolando a Mario Vargas Llosa- es previsible que el Perú siga jodido por algún tiempo más.
Contrariamente a lo que implica el diagnóstico aludido, la realidad peruana dibuja otro cuadro. Vivimos bajo un entorno marcado por un estado abrumador. No es sólo que el peso de lo estatal, casi un tercio del PBI a fines del 2004 , resulte desproporcionado para crecer sostenidamente bajo los niveles actuales de ingreso por habitante; es su debilidad institucional, su extrema ineficiencia regulatoria, su arbitrariedad y discriminación tributaria así como su accionar cleptocrático, lo que abruma, deprime la economía, dispendia recursos, informaliza y espanta la inversión privada y genera pobreza.
Por ejemplo, luego de habernos pasado casi cinco años señalando autocomplacientemente que la economía peruana era inmune al ruido político y la debilidad institucional, la raquítica evolución de la inversión doméstica -y particularmente la extranjera directa- nos recuerda que la debilidad institucional sí nos pasó la factura. Aún envueltos bajo un panorama global excepcional (ATPDEA incluido), los flujos de Inversión Extranjera Directa arrojan valores que, como porcentajes de nuestro PBI, bordean el cero a lo largo de todo el último quinquenio. Asimismo, si enfocamos el círculo virtuoso que debió acompañar el auge exportador de los últimos años descubriremos que la exportación real por habitante rompió récords (73.5%), pero la inversión doméstica apenas se movió (7.3%). Paralelamente, la extrema ineficiencia regulatoria prevaleciente resultó el correlato directo de patrones de peligrosas sequías inversoras en áreas críticas como el saneamiento o la generación de energía eléctrica.
Temas como la famosa libre desafiliación del sistema previsional privado -dicho sea de paso un asunto de alta polpularidad electoral- nos debieran recordar el carácter abiertamente cleptocrático del estado peruano. Los peruanos no hemos tomado conciencia de cómo sucedieron las cosas en la desaparición de los fondos y reservas de la seguridad social en manos estatales bajo la gestión del IPSS. Sucesivos gobiernos desde los sesenta a los noventa, coparon la institución a la que repletaron de ineficiencia y corrupción, ampliaron populistamente su cobertura, no cumplieron con aportar los descuentos y licuaron las reservas con creciente inflación. Robaron sin que exista un sólo preso. Aún hoy, a través de la combinación de una política monetaria desproporcionadamente expansiva y la prohibición a la diversificación global del riesgo de las inversiones del sistema privado, existe la amenaza concreta de un nuevo robo previsional.
Sin embargo, hoy el mismo agente -y mucha de la misma gente- que estafó ayer a los jubilados del IPSS ofrece desafiliarlos. Llevarlos nuevamente hacia un sistema estatal de reparto solidario. Para ello, hoy, aluden al principio constitucional de la libertad de elegir. Y es que en nuestro país – como siempre de un modo difuso – la constitución consagra el derecho a la libre elección. Este derecho, sin embargo, se aplica con innumerables restricciones. No podemos elegir vender o consumir drogas en la puerta de un colegio tanto como no podríamos elegir llamar ahorros -y aspirar a calificar para un reembolso en el fondo de seguro de depósitos- a inversiones personales en un ente no supervisado e insolvente (tal como sucedió en los casos de Clae o Refisa). Así, astutamente y llamando a esto “libre desafiliación” se busca cubrir una vieja estafa y no son pocos los que plantan que la solución pasa por transferir -léase: robar- fondos del sistema privado.
Y es que las visiones que suponen que distorsionando masivamente los mercados locales -léase: sobre-regulando- e inflando partidas presupuestales (sin reformas), nos llegarán a dar a todos educación, infraestructura, seguridad o salud de calidad; y que éstas se podrán financiar castigando al éxito (con tasas progresivas), recargando a pocos (con múltiples exoneraciones y abrumadora arbitrariedad tributaria) y echando mano a las jubilaciones privadas (con el límite a su diversificación global), implican torpeza supina.
Siglos de evidencia global contrastan lo contrario: el desarrollo se asocia a libertad económica, apertura comercial, educación, instituciones de mercado y estabilidad monetaria. Ningún superávit de Estado nos ayudará. Sin embargo, resulta crucial reconocer que para no pocos peruanos la realidad parece irrelevante. Cuando en un reciente coloquio se hablaba de las causas de la pobreza, los expertos presentes sólo discutían cómo inflar aún más lo estatal. Sin entender que el cambio tecnológico es poco amistoso con la fuerza laboral no educada y que la mayoría de los trabajadores peruanos caen dentro de esta categoría, mencionaban como causa básica de la pobreza en el Perú la “inadecuada” relación entre el crecimiento del PBI y el nivel de empleo, o entre el aumento de oportunidades de empleo formal con el crecimiento de su oferta.
Haciendo gala de su ideología, también atribuían ésta al que los salarios no crecen a la par con el aumento de las ganancias. Desarrollo que atribuían a que -según ellos en un país que arrastra uno de los mayores costos de formalización laboral del planeta- prácticamente no existen derechos laborales. Para terminar de justificar su posición nos vendían que el gasto social en el Perú resultaba muy bajo (comparativamente con otros países de la región). Para resolver la pobreza pues, sólo habría que inflarlo, y tal vez mejorar su gerencia.
Como puede usted notar, estimado lector, parecería que la lógica económica y la evidencia global importan poco en una región que vive de espaldas al globo.
