Ciclo Político Amenaza Nuevamente lo Avanzado en Materia Económica
La incertidumbre en materia de reglas de juego es uno de los más grandes lastres que nuestro país enfrenta para impulsar el crecimiento del empleo y de la inversión.
En el Perú, el ritmo de publicación de nuevas normas es elevado a razón de 106 por día, y solo el congreso en los últimos años ha presentado alrededor de 14 mil iniciativas de ley, la mayoría sin un adecuado análisis de costo-beneficio, todo un despropósito si queremos una legislación predecible, transparente y eficiente.
La enorme y creciente cantidad de normas ubica al país, entre otros aspectos, como uno de los más burocráticos al momento de iniciar un negocio, no solo por el número de trámites que implica sino por los elevados costos. Esta situación también contribuye al hecho de ubicar al Perú como una de las economías más informales a nivel global (ver gráfico adjunto).
Etapa electoral incentivo perverso
La economía nacional en los últimos años se ha visto beneficiada por un entorno internacional de características inmejorables caracterizada por bajas tasas de interés y elevados precios de materias primas, lo cual, aunado a políticas del gobierno relativamente saludables en términos fiscales y sobre todo en materia de política monetaria ha permitido entre otros aspectos mejorar en parte las condiciones económicas de la población. Sin embargo, existen riesgos de que la situación se deteriore.
Uno de ellos es el referido al ciclo electoral. En los próximos 18 meses, 18 países latinoamericanos celebrarán elecciones, entre ellos el Perú. En esta coyuntura el congreso local que busca ganar réditos políticos, ha aprobado recientemente un conjunto de leyes con efectos perversos sobre la economía con el afán de recuperar su baja credibilidad ante la población.
De acuerdo con nuestros estimados las leyes recientemente aprobadas tendrían un costo anual para nuestra economía de cuanto menos S/. 1,500 millones (ver cuadro adjunto), lo cual implicaría que durante el próximo año cada peruano deberá pagar una cuota mensual de S/. 4.7, todo un regalo navideño.
Eso no es todo, el Congreso también pretende excluir a Petroperú, empresa de propiedad del Estado, de los principales mecanismos de fiscalización y de control de su gasto, dejando los elevados ingresos obtenidos en un entorno favorable de precios del crudo en manos de una pequeña burocracia estatal. La propuesta del congreso excluiría a esta empresa del Estado del ámbito de Consucode, es decir, sus compras de bienes y servicios no se regirían por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dándole en la práctica mayor discrecionalidad en el control del dinero de todos los peruanos.
Asimismo, el Congreso busca también con su propuesta excluir a Petroperú del ámbito de FONAFE y del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo cual, significa en la práctica que esta entidad estatal ya no tendrá la obligación de transferir sus utilidades al Estado (En el 2004, Petroperú registró utilidades antes de impuestos del orden de S/. 313 millones) y pasará por encima del SNIP al momento de realizar sus inversiones, entre otras, dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos actividades altamente riesgosas hoy en manos únicamente del sector privado como debe ser. Esta situación plantea la necesidad de preguntarse la conveniencia de seguir manteniendo una entidad del Estado bajo tales condiciones o en todo caso convendría transferirla al sector privado para un manejo más eficiente.
Actualmente la legislatura del Congreso ya culminó, pero queda aún la discusión de proyectos importantes como los referidos a las remuneraciones del sector público, la “nueva” Ley del Empleo Público que es una versión populista de la propuesta del ejecutivo, además de otros proyectos que se espera que el ejecutivo las observe.
En ese sentido, las elecciones pueden convertirse en una importante oportunidad para que se continúe con lo ya avanzado en materia económica y se logre un aumento sostenido del crecimiento sobre la base del fortalecimiento del estado de derecho, el respeto de los contratos, la mejora de los marcos regulatorios y de competencia, o todo lo contrario, como es lo que estamos observado.
